La disputa entre Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) y el Gobierno nacional por la concesión de corredores viales sumó un nuevo capítulo. La impugnación presentada por la empresa bonaerense para frenar el proceso licitatorio de rutas nacionales fue rechazada, por lo que el camino judicial aparece ahora como la única alternativa para intentar revertir la decisión oficial.
El conflicto se originó luego de que la firma controlada por la Provincia de Buenos Aires quedara excluida de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 504-0013-LPU25, correspondiente a la segunda etapa de la Red Federal de Concesiones. A partir de esa determinación, la compañía cuestionó la evaluación realizada por la Comisión Evaluadora y presentó una impugnación formal al considerar que existieron irregularidades en el procedimiento.
La queja de AUBASA
Desde AUBASA sostuvieron que el dictamen de precalificación incorporó exigencias que no estaban contempladas en los pliegos originales. Según la empresa, se le requirió acreditar experiencia técnica mediante la ejecución directa de obras viales, cuando la documentación licitatoria únicamente exigía demostrar antecedentes a través de contratos y certificaciones emitidas por organismos competentes.
La compañía también argumentó que la evaluación utilizó criterios propios de la obra pública tradicional, sin contemplar que el proceso corresponde a una concesión integral de infraestructura vial, donde resulta habitual que el concesionario organice y ejecute trabajos mediante empresas contratistas.
En su presentación, AUBASA defendió su trayectoria como operadora vial desde 2014 y aseguró haber acreditado experiencia suficiente con documentación respaldada por organismos públicos. Además, remarcó que actualmente desarrolla un amplio plan de obras en las rutas bajo su concesión, en un contexto marcado por la reducción de la inversión nacional en infraestructura.
Otro de los puntos planteados por la empresa estuvo relacionado con la evaluación económico-financiera. Allí cuestionó la metodología utilizada por las autoridades nacionales y denunció que parte de la documentación presentada en tiempo y forma no habría sido considerada durante el análisis.
Asimismo, la firma provincial señaló una posible vulneración del principio de igualdad de trato entre oferentes. Según su postura, se le habrían aplicado criterios más restrictivos que los utilizados para evaluar otras propuestas participantes del proceso.
Qué dijo el Gobierno nacional
Sin embargo, la postura oficial fue diferente. Desde el Gobierno nacional sostuvieron que la exclusión de AUBASA respondió a incumplimientos técnicos y financieros detectados durante la etapa de análisis de ofertas.
Entre los fundamentos expuestos por las autoridades nacionales se indicó que la empresa acreditó tareas vinculadas a la operación de corredores viales, pero no presentó antecedentes suficientes sobre ejecución material de obras con recursos y personal propios, requisito que la administración nacional considera indispensable para este tipo de concesiones.
En el aspecto financiero, los evaluadores observaron un nivel de endeudamiento superior al máximo permitido por las condiciones de la licitación. Según la evaluación oficial, la relación de endeudamiento presentada por la compañía superaba ampliamente el límite establecido para los oferentes.
La controversia se desarrolla en el marco del plan impulsado por el Gobierno nacional para concesionar miles de kilómetros de rutas mediante un esquema de inversión privada y contratos de largo plazo. En esta etapa se encuentran involucrados corredores estratégicos que atraviesan la provincia de Buenos Aires, incluyendo sectores de las rutas nacionales 3, 205 y 226, además de accesos clave al Área Metropolitana.
Dentro de ese paquete figura el tramo Sur Atlántico – Acceso Sur, que comprende más de 1.300 kilómetros de corredores viales y contempla inversiones multimillonarias para su mantenimiento, operación y desarrollo.
Fuertes críticas de la Provincia
La exclusión de la empresa bonaerense generó fuertes cuestionamientos desde la administración provincial. Funcionarios cercanos al gobernador Axel Kicillof calificaron la decisión como arbitraria y sostuvieron que AUBASA cuenta con experiencia suficiente para administrar esos corredores.
Tras el rechazo de la impugnación administrativa, el escenario parece trasladarse ahora al terreno judicial. Allí se definirá si los argumentos presentados por la empresa estatal bonaerense tienen entidad suficiente para revisar el proceso licitatorio o si la Nación podrá continuar sin modificaciones con el esquema previsto para la concesión de los corredores viales.
Mientras tanto, el Gobierno nacional mantiene su intención de avanzar con la adjudicación de los distintos tramos incluidos en la Red Federal de Concesiones, un programa que apunta a transferir a operadores privados la gestión de una parte significativa de la infraestructura vial del país.
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