El Municipio de Tandil dejó sin efecto la adjudicación del Concurso de Precios N° 57-03-26 para arrendar un campo comunal de 52,4 hectáreas ubicado en María Ignacia-Vela, luego de que la empresa adjudicataria, Consultora Agropecuaria Surco Nuevo S.A., desistiera de continuar con la contratación por la cercanía del predio con viviendas y las posibles restricciones vinculadas al uso de productos fitosanitarios.
La medida fue formalizada mediante el Decreto N° 2421/2026, firmado el 4 de agosto por el intendente Miguel Lunghi. En la resolución, el Ejecutivo municipal explicó que la firma comunicó su decisión de no avanzar con el procedimiento después de advertir las características del inmueble y las eventuales limitaciones derivadas de la normativa vigente sobre la aplicación de fitosanitarios.
Según sostuvo el Municipio, esas condiciones eran conocidas o debían haber sido evaluadas por la empresa antes de presentar su oferta, ya que formaban parte de las características objetivas del inmueble y de las condiciones establecidas en el concurso.
En ese marco, el Ejecutivo consideró que la firma incumplió las obligaciones asumidas al resultar adjudicataria, entre ellas la firma del contrato, la constitución de la garantía de cumplimiento y el pago del canon correspondiente. Por ese motivo, determinó que la frustración de la contratación fue "exclusivamente imputable" a la empresa.
Como consecuencia, además de dejar sin efecto la adjudicación, el Municipio dispuso ejecutar la garantía de mantenimiento de oferta, constituida mediante un pagaré de $300.000. También ordenó incorporar el incumplimiento a los antecedentes administrativos de la firma, para que pueda ser considerado en futuras contrataciones con el Estado municipal.
Ese mismo día, mediante el Decreto N° 2425/2026, el Ejecutivo resolvió continuar con el procedimiento y adjudicar el arrendamiento a la segunda oferente del orden de mérito, sin realizar un nuevo llamado.
La beneficiaria fue Mirta Beatriz Wauthier, quien ratificó la vigencia de su propuesta en las mismas condiciones que había presentado durante el concurso.
La adjudicación se concretó por un canon de 13,5 quintales de soja por hectárea, equivalente a un total de 707,40 quintales de soja por las 52,4 hectáreas del predio.
De acuerdo con lo establecido en el decreto, el pago deberá realizarse en pesos y tendrá como referencia la cotización de la soja en los puertos de Quequén, Bahía Blanca o Rosario, tomando el valor más alto al momento de la liquidación.
El contrato establece que el 70% del canon deberá abonarse al momento de la firma, mientras que el 30% restante tendrá que pagarse entre el 1 y el 10 de noviembre de 2026.
El Ejecutivo justificó la decisión de avanzar con la segunda oferta en los principios de economía, eficiencia, celeridad y razonabilidad de la contratación administrativa. Según el Municipio, la existencia de una propuesta admisible y conveniente permitía garantizar la continuidad del procedimiento sin necesidad de iniciar un nuevo concurso.
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