El Municipio de Tandil solicitó al Gobierno nacional la desafectación del predio tomado en La Movediza del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), durante una reunión realizada en Capital Federal entre funcionarios locales y representantes de distintas áreas nacionales. El planteo fue encabezado por el secretario de Legal y Técnica, Francisco Maciá Cantarelli, junto a integrantes de la Secretaría de Protección Ciudadana.
En diálogo con La Mañana de El Eco, Maciá Cantarelli sostuvo que la problemática excede el debate sobre la inclusión o no del predio en el Renabap y señaló que actualmente existe una preocupación vinculada a la seguridad. Según indicó, distintas investigaciones judiciales requirieron colaboración del Municipio mediante el análisis de cámaras de monitoreo y detectaron que productos de diversos delitos terminan en el asentamiento.
El funcionario afirmó que entre los hechos investigados no solo aparecen hurtos y robos, sino también causas relacionadas con el narcotráfico. En ese marco, señaló que recientemente autoridades municipales mantuvieron reuniones con representantes de fiscalías provinciales y federales para abordar la situación.
Respecto del pedido presentado ante Nación, reconoció que "el camino a desafectar" el predio del Renabap "es arduo y complejo", ya que existen personas censadas e identificadas dentro del registro. No obstante, indicó que existen mecanismos para una eventual relocalización en caso de que avance esa decisión.
Maciá Cantarelli aseguró que los funcionarios nacionales no estaban al tanto en profundidad del conflicto y explicó que se comprometieron a trasladar el tema a otras áreas con competencia en la materia. Además, señaló que entendieron que la situación "dejó de ser habitacional y pasó a ser también una cuestión de seguridad" y adelantó que se prevé la intervención de la Dirección Nacional de Migraciones.
Sobre los orígenes de la ocupación, iniciada en febrero de 2023, el secretario sostuvo que el proceso estuvo "contaminado" por distintos intereses y afirmó que hubo una organización previa para favorecer el censo de ocupantes. En contrapartida, destacó que el Municipio rechazó desde el inicio esa modalidad y remarcó que existen mecanismos legales para canalizar las necesidades habitacionales.
Por último, defendió el accionar municipal y aseguró que "siempre estuvimos trabajando, desde el día uno". Recordó que desde el inicio de la toma se realizaron reuniones, censos y gestiones ante organismos provinciales y nacionales, al tiempo que remarcó que el Municipio actuó dentro de las herramientas que tenía a disposición frente a una situación que también involucró al propietario del terreno y a otros niveles del Estado.
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