El Departamento Ejecutivo de La Plata giró al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que propone dejar sin efecto la Licitación Pública N° 42/2025 para la concesión del servicio de transporte público colectivo de pasajeros y habilitar la elaboración de un nuevo pliego de bases y condiciones. De esta manera, el Municipio dio el primer paso formal para relicitar el servicio.
La iniciativa también autoriza la devolución de las garantías de mantenimiento de oferta presentadas por las empresas que participaron del proceso y establece un plazo máximo de 60 días para que el Ejecutivo prepare el nuevo pliego.
Tal como anticipó EL DIA, la comisión de Transporte del deliberativo local tiene previsto reunirse mañana para evaluar el expediente y, eventualmente, emitir un despacho.
La licitación había sido autorizada mediante la Ordenanza N° 12.690 y convocada en diciembre de 2025. La apertura de ofertas se realizó el 21 de enero de 2026 y participaron Expreso La Plata Buenos Aires SA, Unión Platense SRL, Empresa Nueve de Julio SAT y la Unión Transitoria de Empresas Unión Platense SRL-Fuerte Barragán SAT. Posteriormente, la Comisión Técnica Evaluadora analizó las propuestas y emitió su dictamen.
Con esos antecedentes, el Ejecutivo había enviado al Concejo una propuesta de adjudicación. Sin embargo, durante el tratamiento legislativo la Comisión de Tránsito y Transporte solicitó informes sobre distintos aspectos del servicio y del proceso licitatorio. Según los fundamentos del nuevo proyecto, un informe remitido por la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos el 14 de agosto llevó al Ejecutivo a considerar conveniente dejar sin efecto la convocatoria.
Entre los argumentos se mencionan modificaciones “sustanciales y sobrevinientes” en las condiciones económicas, metodológicas y regulatorias que inciden sobre la prestación del servicio. También se señala que la licitación tuvo una participación limitada y que algunas zonas quedaron sin competencia efectiva.
El nuevo pliego, de acuerdo con los fundamentos, deberá contemplar el impacto de los costos reconocidos por el régimen provincial, la estructura de compensaciones, una eventual ampliación gradual de recorridos, incentivos para tecnologías de propulsión más sustentables y garantías para evitar que conflictos económicos deriven en reducciones unilaterales de frecuencias.
El Ejecutivo sostiene que la decisión no implica cuestionar la legitimidad del procedimiento ni el dictamen de la Comisión Técnica Evaluadora, sino que responde a una nueva valoración del interés público a partir de circunstancias posteriores a la convocatoria.
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