Lo que comenzó como una denuncia por el robo en un depósito terminó destapando una trama de corrupción que, de alguna manera, conecta a los gobiernos de Alberto Fernández y Javier Milei. Ocurrió durante un allanamiento en el departamento porteño de Facundo Leal, que asumió como titular de la empresa pública satelital Arsat durante la gestión del Frente de Todos y continuó al frente de ese organismo en la administración libertaria hasta que el año pasado se hizo cargo del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), renunció en febrero y volvió a Arsat como empleado de planta permanente. En casa del exfuncionario, la Policía Federal secuestró más de 2,4 millones de dólares en efectivo, una importante cantidad de drogas y —lo que más sorprendió a los investigadores— una valija con al menos 19 equipos profesionales de vigilancia y espionaje encubierto.
Entre los dispositivos hallados había cámaras y grabadores ocultos camuflados en objetos cotidianos: anteojos, una lapicera, una llave de auto, un control remoto y un mouse de computadora. También se secuestró un detector de radiofrecuencia, un dispositivo de geolocalización con micrófono y seguimiento satelital, un inhibidor de señal para bloquear comunicaciones celulares y redes WiFi, y un teléfono satelital Iridium 9555, todo guardado en compartimentos diseñados a medida.
“No es para nada común encontrar una valija así, y menos en poder de un funcionario de alta jerarquía”, señaló uno de los investigadores.
En cuanto a drogas, el operativo arrojó ketamina, cristal MDMA, pastillas de MDMA, cocaína y un vapeador con cannabis. En una propiedad de Leal en Mendoza, la Justicia encontró casi 1,8 millones de dólares más.
Por el hallazgo de los estupefacientes, el extitular de Arsat quedó detenido, fue indagado por el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli, declaró que la droga era para consumo personal y no pidió la excarcelación.
EL ORIGEN DE LA CAUSA
Fue en 2024 que una denuncia por el robo en un depósito de la empresa Argentina Logistic Services (ALS) en San Fernando -firma contratada por ARSAT para tareas de custodia de material- disparó el caso.
La Justicia detectó una presunta licitación amañada y el pago de sobornos para favorecer a una empresa que no reunía los requisitos. El expediente se instruye entre el juzgado federal de San Isidro a cargo de Mirabelli y la fiscalía de Federico Domínguez, quien pidió la indagatoria de diez imputados entre ex funcionarios, directivos de ALS e intermediarios. Para la Justicia, los millones hallados en casa de Leal están vinculados a hechos de corrupción.
LA “BANDA DE LOS MENDOCINOS”
Leal es abogado mendocino y, como se dijo, condujo ARSAT desde la presidencia de Alberto Fernández hasta bien iniciada la gestión de Milei, cuando en 2025 fue designado al frente del Orsna por pedido de Luis Pierrini, entonces secretario de Transporte. Ambos renunciaron en enero de este año y trascendió que habrían viajado juntos a España en un avión atribuido al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. Tras su salida, Leal regresó a Arsat como empleado de planta permanente.
Leal quedó detenido tras el hallazgo de estupefacientes en su casa
La investigación puso en el centro de la escena lo que fuentes judiciales denominaron como la “banda de los mendocinos”, un grupo de funcionarios oriundos de esa provincia que habría colonizado organismos del Estado. Además de Leal y Pierrini, se menciona a Gerardo Boschin, subgerente de compras de ARSAT y luego presidente de Trenes Argentinos, quien figura en conversaciones de WhatsApp con el imputado. También se señala una posible vinculación de Leal con el empresario Leonardo Scatturice, cercano al asesor Santiago Caputo.
Cuando el escándalo estalló, en el Gobierno intentaron despegarse inscribiéndolo como un producto de “la casta” que sobrevivió a la gestión libertaria.
Por su parte, la Justicia avanza. El fiscal Domínguez ordenó peritar los cuatro celulares de Leal —dos Samsung y dos iPhone— aunque el acceso no será sencillo: el exfuncionario no facilitó sus claves. Por ahora, la causa permanece en secreto de sumario mientras se realizan nuevas medidas de prueba.
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