Andrés di Prinzio, presidente del Colegio de Psicólogos de La Plata, en diálogo con EL DIA, ubica el origen del fenómeno en un cruce de factores. Por un lado, la digitalización de los vínculos, potenciada por la pandemia, que llevó la oferta terapéutica a un terreno -las redes sociales- donde “no hay manera de poner un control desde la justicia” porque las plataformas responden a políticas propias, ajenas a la legislación provincial. Por otro, una demanda social en alza: “La concepción de la salud mental hoy existe mucho más que antes”, señala, y recuerda que hace treinta años consultar a un psicólogo todavía cargaba con cierto estigma.
Ese crecimiento de la demanda, sostiene, no alcanza para explicar la proliferación de ofertas no reguladas. Ahí entra otro elemento: “Hay una banalización, pero interpretada no desde una mala intención. Son personas que tienen una sensibilidad, les interesa el tema, a veces hay hasta una intención de ayudar.” El problema, dice, es la falta de conciencia sobre los riesgos: “No es lo mismo a la hora de la medicina. Ahí la línea está más clara. En psicología parecería que la línea se vuelve más difusa.”
Para el Colegio, la Ley de Ejercicio Profesional de la Psicología en la provincia de Buenos Aires y el artículo 43 de la Ley de Educación Superior reservan a los psicólogos matriculados toda práctica vinculada al abordaje de lo subjetivo, más allá del nombre que adopte: coaching, counseling, constelaciones familiares, biodecodificación o mindfulness. “Reciben personas y ya ese acto implica el ejercicio legal de recibir a alguien para escucharla por algún padecimiento”, explica.
Distinto es el caso de quien no se presenta como psicólogo ni ofrece un servicio con apariencia clínica: “Aquello que primero queda claro que dicen ‘yo no soy psicólogo, tiro las cartas o hago astrología’, frente a eso no hay injerencia.” El límite, insiste, aparece cuando alguien invoca un título —de counselor, de psicólogo social— para ofrecer un servicio que la ley reserva a la matrícula.
El mecanismo de control del Colegio combina el rastreo en redes con la verificación en el Registro Nacional de prestadores de salud. Cuando detecta a alguien sin matrícula, envía una notificación por carta documento pidiendo que presente sus títulos en un plazo de cinco días. Si no responde, se asume que no los tiene y el caso pasa a la fiscalía. “Te puedo asegurar que no damos abasto con respecto a lo que realmente sucede”, admite.
Sobre las consecuencias de una consulta con alguien sin formación habilitante, es categórico: “Las consecuencias pueden ser gravísimas. Hay cosas que en la vida no se pueden recuperar: vínculos de pareja, familiares, decisiones que afectan la vida laboral. Eso implica un daño irreversible.”
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