La Provincia, inflexible frente a los paros: descontará días no trabajados

“Día que no se trabaja, día que no se paga”. Esa es la máxima que decidió acuñar el gobierno bonaerense en relación a los conflictos sindicales en la administración pública: de ahora en más cuando un empleado estatal se adhiera a un paro, dejará de percibir el salario de esa jornada en la que no concurra a trabajar.

Si bien la administración de María Eugenia Vidal venía realizando descuentos por huelgas, esa medida no era generalizada. Pero según confiaron fuentes oficiales, existe un acuerdo de los ministros y la propia Gobernadora para avanzar con las quitas por los días de paro para todos los sectores, desde docentes, pasando por médicos y administrativos en este 2017

De hecho, ya se resolvió que los profesionales de los hospitales públicos que se sumaron a la huelga convocada por la Cicop no se salvarán del descuento.

La decisión oficial que apunta a desinflar la adhesión a las protestas en un año clave por la cita electoral, surgió a partir de una conversación que Vidal y varios de sus ministros mantuvieron hacia fin de año con representantes de gremios estatales que aceptaron el acuerdo salarial del 18% en cuatro cuotas que propuso el gobierno bonaerense. Allí la mandataria se comprometió a adoptar a esa medida y se la comunicó a los sindicatos que firmaron, con el OK a la oferta, la paz social con la administración de Cambiemos.

La decisión oficial ya produjo la primera polémica del año con sectores sindicales. La Cicop salió a denunciar que el paro del miércoles “fue acompañado desde el ministerio de Salud por auditorías de personal en varios hospitales, requerimiento de información sobre quiénes se habían adherido al paro y controles varios”.

CONTROLES

En el gobierno provincial ratificaron que “vamos a descontar el día a los médicos que pararon, aunque la adhesión a la protesta fue mínima excepto en los hospitales de Lanús y San Martín”.

Además, reconocieron que se realizaron controles en los ingresos a los establecimientos para determinar el presentismo.

“Existe el derecho de huelga y nosotros lo respetamos, pero el Gobierno tiene por su parte el derecho a no pagar el día no trabajado”, añadieron. Ese temperamento, como se dijo, no sólo se aplicará con los médicos sino también con el resto de la administración pública incluidos los docentes.

En la Provincia sostienen que frente al descuento salarial, los gremios tienen cómo resarcir a sus afiliados a través del denominado “fondo de huelga” que “se sostiene con el aporte de los propios afiliados”, añaden los funcionarios.

En el caso de los médicos, según señalan en el gobierno de Vidal, existe un acto administrativo de la anterior gestión para proceder a los descuentos “pero que al final nunca aplicaban”.

El año pasado la Provincia practicó quitas a docentes, no docentes e incluso la Suprema Corte dispuso esa medida en el último tramo del conflicto que mantuvieron los judiciales.

La novedad es que ahora no habrá sector que podrá eludir los descuentos, de acuerdo a la decisión oficial comunicada hace algunas semanas a los sindicatos, lo que obligará a los funcionarios a intensificar los controles de presentismo.

De hecho, el ministerio de Salud emitió una circular dirigida a los directores de los hospitales obligándolos a notificar los nombres de los profesionales que se sumaron a la huelga de la Cicop.

Las quitas salariales por los días de paro suelen generar litigios judiciales. Los gremios recurren a la Justicia en busca de la devolución de los descuentos porque consideran esa medida inconstitucional. Los sindicatos docentes han optado por esa vía en diversas oportunidades como así también otros sectores de estatales.

La Provincia se apresta a iniciar la negociación salarial con los docentes a quienes, en principio, prevé ofrecer una mejora salarial similar a la que acordaron los estatales: un 18% en 4 cuotas.

Los gremios del sector ya anticiparon que no aceptarán una oferta de esas características a la que consideran insuficiente. Si bien restan prácticamente dos meses para el inicio de las clases, no se descarta un escenario de conflicto para el arranque del ciclo lectivo.