Amplían la investigación contra infanta española

LA INFANTA CRISTINA Y SU ESPOSO IÑAKI URDANGARÍN

MADRID.- El juez que investiga presuntos delitos fiscales cometidos por la infanta Cristina (47), segunda hija del rey Juan Carlos de Borbón, solicitó ayer a la Agencia Tributaria que los peritajes sobre el caso se extiendan del año 2002 a la actualidad.

El magistrado de Palma de Mallorca José Castro respondió así a una consulta de los peritos asignados para investigar a la infanta Cristina en relación con su implicación en los delitos fiscales que se le imputan a su marido, Iñaki Urdangarín (45).

La investigación inicialmente se había limitado a tres años, de 2007 a 2010, pero el juez pide ahora a los inspectores de la delegación de la Agencia Tributaria en Cataluña, donde reside la infanta, que amplíen sus análisis a cuentas, movimientos financieros, fondos y cómputos tributarios de los últimos diez años.

El pasado 7 de mayo, la Audiencia Provincial de Palma dejó sin efecto la imputación de la hija del Rey respecto a su cooperación en la comisión de los delitos relacionados con la Fundación Nóos, una organización supuestamente sin fines de lucro a través de la cual Urdangarín y su ex socio Diego Torres se apropiaron indebidamente de seis millones de euros de fondos públicos.

Sin embargo, en la misma resolución, el tribunal dejó abierta la puerta a que se investigaran presuntos delitos fiscales y de blanqueo de dinero, que también se le habían atribuido a la infanta como copropietaria de la empresa Aizóon, a la que su marido habría desviado parte del dinero apropiado.

El tribunal consideró entonces que el informe de la Agencia Tributaria era incompleto y era necesario aclarar “las incertidumbres y dudas” con más información para resolver si se mantenían o no las acusaciones y si procedía citar a la infanta para declarar.

El juez instructor del caso Nóos cree que Urdangarín utilizó Aizóon como “una sociedad pantalla para desviar dinero público y privado, defraudando el Impuesto de Sociedades y el impuesto sobre la renta”. A pesar de ello, y de que la infanta es propietaria del 50% de Aizóon, la Fiscalía Anticorrupción rechazó en todo momento imputarla.

Pese a que el yerno del rey Juan Carlos siempre negó haber cometido delito alguno, las acusaciones en su contra y la amenaza sobre la infanta Cristina dañaron gravemente la imagen de la familia real española en un contexto de grave crisis económica y de incesantes escándalos de corrupción y fraude entre las altas esferas del país.

A principios de año también se vio imputado en el “caso Nóos” un alto funcionario de la Casa Real, Carlos García Revenga, secretario personal de las infantas Cristina y Elena. Según un sondeo publicado en enero por el diario conservador El Mundo, el apoyo a la monarquía en España cayó a un mínimo histórico de 54%.