Legislatura: autarquía judicial y ley de ética pública, pendientes

ENTRE LOS TEMAS QUE NO FUERON CONVERTIDOS EN LEY EN LAS CÁMARAS BONAERENSES TAMBIÉN FIGURA EL PROYECTO PARA REGULAR Y SANCIONAR LA CONSTRUCCIÓN DE CANALES CLANDESTINOS EN LOS CAMPOS

A pesar del intenso ritmo de sesiones de los últimos meses, cuando por costumbre se busca “sacar” leyes postergadas, en la Legislatura bonaerense quedaron pendientes este año proyectos de peso, algunos de ellos impulsados por el Poder Ejecutivo y otros motorizado desde las cámaras.

La lista de las iniciativas que no lograron sanción en el 2014tiene como más destacadas a cuatro normas: el proyecto que obliga a la enorme mayoría de los comercios bonaerenses a contar con un sistema de pago electrónico con tarjeta de débito y crédito; y la ley para reforzar controles e imponer sanciones a dueños de campos que abran canales clandestinos (señalados como los responsables del agravamiento en las inundaciones).

También se destaca la denominada “ley de ética pública”, que entre otros aspectos obliga a todos los funcionarios de los tres poderes del Estado provincial a presentar declaraciones juradas anuales. Y, finalmente, el proyecto impulsado por el Ejecutivo para otorgar autarquía presupuestaria al Poder Judicial.

PRESUPUESTO JUDICIAL

A principìos de diciembre, los ministros de la Suprema Corte bonaerense, encabezados por su presidente, Daniel Soria, se reunieron con los senadores de las comisiones de Presupuesto y Legislación General. El encuentro fue promovido por los jueces del tribunal para manifestar su “interés” en la sanción del proyecto que envió a la Legislatura el gobernador Daniel Scioli y que, en líneas generales, otorga al Poder Judicial la autarquía económica y presupuestaria.

El proyecto fue girado por el Ejecutivo al Senado en octubre pasado y pese a que en un principio se especuló con que podría ser abordado en la Cámara alta en diciembre, recién sería llevado al recinto en 2015. Con todo, desde que llegó a las cámaras se supo que los plazos no iban a permitir que tenga sanción en el año que termina, por lo que su aplicación se planteo desde un primer momento para 2016.

La iniciativa establece una “asignación o cupo presupuestario mínimo”, un piso de recursos que en su primer año no deberá ser menor al 7 por ciento del total de gastos de la administración central, llegando a un techo del 8,95% en 2019. Según la letra del proyecto, con la autarquía la Suprema Corte bonaerense podrá realizar su propio presupuesto con la participación del Ministerio Público Fiscal.

La demora en el tratamiento del proyecto de autarquía judicial, sin embargo, no generó ni por asomo la polémica que trajo la postergación definitiva de la ley de ética pública, que al no haber tenido sanción en la Cámara de Diputados perderá, por estos días, estado parlamentario.

La iniciativa fue impulsada a principios de 2013 en el Senado por el kirchnerismo con el vicegobernador Gabriel Mariotto a la cabeza (aunque lleva la firma del legislador del FAP Héctor Vázquez), como parte de un paquete de reformas judiciales que buscaba replicar las leyes promovidas en el Congreso nacional por el FpV. Concretamente, la norma busca adecuar al ámbito bonaerense lo que sucede en Nación, donde desde 1999 todos los funcionarios deben rendir cuentas sobre sus patrimonios una vez al año.

El proyecto obliga, bajo pena de multa, a presentar la declaración al gobernador y vicegobernador, senadores y diputados, magistrados del Poder Judicial, funcionarios del Ministerio Público, el Defensor del Pueblo, el Jefe de Gabinete, ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo, personal legislativo y judicial, entre otros.

Tuvo un rápido tratamiento en el Senado, donde fue aprobado en junio de 2013 y girada a Diputados, donde fue ingresada a la comisión de Reforma Política. Y no salió nunca más de allí.

CANALES CLANDESTINOS

Aunque la lista es mayor, entre los proyectos que no tuvieron sanción definitiva en la Legislatura en 2014 también figura una norma que generó mucha discusión habida cuenta las graves inundaciones que se generaron en la Provincia de Buenos Aires a mediados de año. Se trata del proyecto para regular los canales clandestinos que abren los dueños de campos y que fueron señalados por los especialistas como responsable del agravamiento en las consecuencias de la inundación.

El proyecto fue impulsado por la senadora kirchnerista Marina Moretti y sanciona la construcción de canalizaciones y terraplenes que tengan por objeto alterar el escurrimiento natural de las aguas. En ese marco, dispone un plazo de 90 días para que los propietarios de campos que hayan incurrido en esa falta regularicen la situación. En caso de no hacerlo prevé duras multas. Además, permite que la justicia de faltas local autorice al municipio a destruir las obras ilegales.

La norma fue presentada en noviembre de 2012 y aprobada por el Senado en mayo de 2013, cuando fue girada a Diputados. Luego de una larga demora, el temporal de este año y los cruces políticos que dejó el fenómeno reimpulsaron el debate. En ese marco, fue llevada al recinto en las últimas sesiones del año de la Cámara baja. Pero a la iniciativa original se le impusieron modificaciones, por lo que fue devuelta al Senado, que ahora deberá refrendarla. Eso, claro, en el período legislativo 2015.