Denuncia contra el Gobierno por el acuerdo con Irán: piden indagatorias

El fiscal federal Alberto Nisman utilizó fuertes acusaciones contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el canciller Héctor Timerman en su pedido de indagatoria por “encubrimiento” de la causa AMIA, junto a un pedido de embargo por 200 millones de pesos y denunció que la jefa del Estado buscó acercarse “geopolíticamente” a Irán y “restablecer relaciones comerciales”.

“La Señora Presidenta ordenó desviar la investigación, abandonó años de un legítimo reclamo de justicia y buscó librar de toda sospecha a los iraníes contradiciendo su probada vinculación con el atentado. Decidió fabricar la inocencia de Irán”, denunció Nisman.

En un escrito de casi 300 paginas, el fiscal consideró que, mientras la causa AMIA siguiera abierta, el plan para volver a tener relaciones comerciales con ese país del Medio Oriente era “inviable”.

La acusación abarca otros delitos conexos, como estorbo del acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

DESVINCULACION FRAUDULENTA

En su acusación ante el juez federal Ariel Lijo, el fiscal destacó que se trató un plan destinado a favorecer ilegalmente y desvincular en forma definitiva y fraudulenta a los sospechosos iraníes por su participación en el atentado contra la sede de la AMIA y comenzó dos años antes de la firma del memorando de entendimiento, después de la muerte de Néstor Kirchner”.

Para el fiscal, el plan “involucró a personal de la Secretaría de Inteligencia e incluyó negociaciones directas con unos de los principales acusados por el atentado, Mohsen Rabbani, quien era informado y consultado constantemente, y evaluaba todo lo relacionado con el plan”.

Según el escrito, tanto Cristina Fernández como su canciller “entendieron que había operado un cambio en la situación geopolítica internacional que tornaba necesario dejar de lado las imputaciones contra ciudadanos iraníes en la causa AMIA por su participación en el atentado: evaluaron que estaban en otro país y que había que trabajar en otro contexto”.

“Es decir, que el nuevo escenario internacional exigía fabricar un nuevo culpable del caso AMIA, distinto a Irán, cuyos funcionarios se encuentran seriamente comprometidos por las pruebas”.

“TODO ESTABA ARREGLADO”

“Todo estaba arreglado y acordado se sacrificaría la justicia en el caso AMIA para saciar intereses comerciales, políticos y geopolíticos de ambos países, pero fundamentalmente de Argentina”, añade el escrito presentado al juez Lijo.

“El primer paso registrado de esta maniobra criminal fue la reunión secreta mantenida en enero de 2011 entre los cancilleres de Irán y Argentina en la ciudad siria de Alepo, ocasión en la que el ministro Timerman transmitió a Irán -en la persona del canciller Salehi -la decisión del gobierno argentino de abandonar el reclamo de justicia en la causa AMIA. “En noviembre de 2012, con anterioridad a la firma del memorando, personal de la Secretaría de Inteligencia con directa vinculación a la Presidenta y/o sus más estrechos colaboradores, se hallaba abocado clandestinamente al armado de una pista falsa que, de modo creíble, acusara a una ‘conexión de fachos locales’ u a otros responsables inventados, solo para reemplazar a los imputados iraníes, en contraposición a lo que indica la prueba judicial.