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La información se comunicará a los municipios. También a escuelas, clubes y otras entidades
Gustavo Ferrari, ministro de Justicia bonaerense. Reformarán el Registro de Violadores - archivo
Hasta el momento, la información era suministrada a los jueces y a aquellas personas que demostraban ser parte interesada en los hechos. Pero de ahora en más, los datos dejarán de estar encriptados para pasar a estar en manos de municipios, escuelas, clubes, entidades sociales y, obviamente, la Policía. Es que el gobierno provincial resolvió que los antecedentes de todos aquellos condenados por delitos sexuales dejen de ser información reservada, con la declarada intención de evitar reincidencias.
En la Provincia existe un Registro de Violadores que, en rigor, se denomina de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual. Pero sus datos están resguardados, al punto que sólo acceden los jueces y particulares que puedan demostrar que son parte interesada. Pero a éstos últimos sólo se les informa si la persona por la que consultan tiene o no antecedentes. Y con la exigencia que deben mantener confidencialidad sobre la información que se le suministró.
Ahora, la idea es ampliar la difusión de esos antecedentes. “Lo que se pretende es que la información que llegue al Registro sea transmitida a aquellas instituciones o particulares o a quienes pueda resultarles de interés para evitar que ese condenado pueda volver a cometer un delito sexual”, le dijo a este diario el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari.
“Además, se comunicará la condena al municipio donde tenga registrado domicilio el condenado, y a la Policía”, añadió el funcionario.
De acuerdo a lo indicado en el ministerio de Justicia, se avanzará con la modificación del decreto reglamentario de la ley 13.869 que creó el Registro de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual.
Así, a los interesados que llenen el formulario para acceder a los informes del Registro respecto de cierta persona, se les harán saber los datos que existan y los organismos a los que se les haya dado esa misma información. Hasta ahora, sólo se le respondía positivo o negativo, si la persona estaba o no inscripta en el registro. Y nada más.
La idea oficial es que los datos existentes en el Registro se comuniquen a la Policía para que los informen a sus seccionales, al municipio donde el condenado tiene su domicilio habitual, al ministerio de Educación si el condenado trabajaba de docente y a las instituciones educativas o deportivas donde vayan menores de edad y el penado realice alguna tarea.
Además, desde el Registro se actualizará la información y se notificará a las autoridades municipales, escolares, vecinales y de organizaciones sociales que lo soliciten, y de forma automática, los cambios introducidos.
“Se busca generar un efecto de protección, en especial en todos aquellos ámbitos donde hay menores de edad”, señaló el subsecretario de Justicia, Patricio Grassi.
Y graficó: “Si tu hijo va a un club y hay un profesor que estuvo condenado por un delito sexual, tenés que saberlo”.
Para los funcionarios del ministerio de Justicia, la intención de esta reforma es que tanto escuelas como instituciones tengan herramientas para tomar recaudos. “Hay que contribuir a la protección de posibles víctimas de estos delitos”, indicó Grassi.
Uno de los motivos por los cuales se hará pública la información del Registro de Violadores tiene que ver con la reincidencia de este delito: buena parte de los condenados por este tipo de abusos vuelve a cometerlos.
De acuerdo a lo informado en el ministerio de Justicia, la reforma al sistema de funcionamiento de Registro estará operativa a más tardar en un mes.
Esta dependencia funciona en la sede de la cartera que conduce Ferrari, en la Torre 2 de calles 12 y 53. Pero en los próximos meses, la idea oficial es que se pueda acceder a través de una página web.
Este diario dio a conocer el domingo datos escalofriantes en relación a este tipo de delitos. Por caso, entre el 1 de enero y el 31 de mayo, se abrieron 410 denuncias por abusos en todo el Departamento Judicial La Plata, con un total de 523 víctimas y 411 imputados.
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