La Policía Judicial sigue demorada en medio de una puja en Tribunales

Fue pensado como un cuerpo de investigadores altamente especializados que colabore en la tarea de los fiscales. Su creación fue sancionada por la Legislatura en 2012, luego de un largo debate, con la idea de profesionalizar las pesquisas ante delitos complejos. Pero la Policía Judicial, que debía ponerse en marcha hace más de cuatro años, sigue sin salir a la cancha, en un escenario con trasfondo político que ya tiene derivaciones en Tribunales.

Un grupo de funcionarios que concursó exitosamente para ocupar los cargos de autoridades del cuerpo acudió a la Justicia para que la Procuración haga efectivos los nombramientos, que están suspendidos desde octubre del año pasado.

Los concursantes -que superaron todas las instancias de evaluación- debían ocupar los cargos de Director, Subdirector, Secretario Técnico Científico y titular de las descentralizadas de Junín y Mar del Plata. Y su puesta en funciones iba a significar el inicio de las actividades de la Policía Judicial.

Pero las designaciones fueron frenadas en noviembre de 2016, en medio del proceso de recambio de conducción de la Procuración General de la Corte, organismo del que depende orgánicamente la Policía Judicial.

El proceso de concurso de los aspirantes, que incluyó una instancia escrita y una audiencia pública en el Senado, fue realizado bajo la gestión de la ex procuradora María del Carmen Falbo.

Su reemplazante en el cargo, Julio Conte Grand, quien llegó a la Procuración con el impulso de la gobernadora María Eugenia Vidal, ordenó a fines del año pasado frenar el proceso de designación al entender que los concursos se habían realizado en medio de “irregularidades”.

En ese marco, los concursantes fueron a la Justicia, donde presentaron un recurso de amparo para que la Procuración haga efectivo un trámite que, explican, se realizó con el aval de la Corte.

RECURSO DE AMPARO

“Hay una cuestión política de fondo. No quieren que asumamos nosotros”, dicen, fuera de micrófono, los funcionarios concursantes, que obtuvieron un aval por parte de la Justicia. En efecto, el 31 de julio pasado el Juzgado 1 del Fuero Contencioso Administrativo de La Plata hizo lugar a un recurso de amparo presentado por los cinco concursantes al considerar que había “mora administrativa” por parte de la Procuración en cumplir con el trámite de designación.

En ese marco, el juez Luis Arias ordenó en ese fallo al procurador Conte Grand que cumpla con el nombramiento en un plazo de 20 días.

Pero en cambio, el titular del Ministerio Público elevó un informe ante la Suprema Corte de Justicia en el que detalló las irregularidades que afirma haber encontrado en el proceso de concurso para los cargos de mando del Cuerpo de Investigadores Judiciales.

Según pudo saber EL DIA, en ese informe la Procuración destacó que el procedimiento “adolece de múltiples vicios”. El principal, sostiene, que arrastra la invalidez de todo lo actuado con posterioridad, es justamente la resolución de Falbo designando a los cinco concursantes “en exceso de sus atribuciones”.

Además, según trascendió, en la comunicación a la Corte, el procurador Conte Grand afirma haber detectado otras irregularidades coadyuvantes como la falta de confirmación del Observatorio Parlamentario del Cuerpo de Investigadores Judiciales, la inexistencia de legajos de los concursantes, la falta de dictado del acto de selección de autoridades y la inexistencia de un expediente formalmente constituido, entre otros.

Ahora, quien deberá resolver la cuestión de fondo es la Suprema Corte, quien ya tiene en estudio el expediente enviado por Conte Grand, según confirmaron voceros oficiales del tribunal a este diario.