Extorsión, amenazas y afiliaciones truchas, las otras causas que involucrarían a Balcedo

La causa por lavado de dinero en el marco de la cual el juez federal platense Ernesto Kreplak ordenó ayer la detención de Marcelo Balcedo es apenas una dentro del cúmulo de investigaciones judiciales en las que involucrarían el sindicalista, que incluyen una condena por “coacción agravada” y denuncias por extorsión, amenazas, irregularidades en el manejo del gremio y hasta de vínculos con la banda de narcotraficantes rosarina conocida como “Los Monos”. (Ver aparte)

El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme) tiene un largo historial en la Justicia en el que se destaca la causa por presunta coacción agravada en el marco de la cual el gremialista estuvo prófugo por dos años.

La primera causa se remonta al año 2000, cuando fue denunciado por el empresario platense Ricardo Carozzi, titular de la firma Credil.

Según Carozzi, los medios periodísticos de la empresa Emisiones Platenses S.A. llevaron adelante una “intencionada campaña de desprestigio” contra la firma dedicada a operaciones de créditos personales. En ese marco, dijo, representantes de la empresa periodística que controla al diario Hoy y a la radio 92.1, le plantearon que para “parar” ese tipo de publicaciones, Credil debía otorgarle un préstamo de medio millón de dólares a pagar “en dos o tres años”, con varios meses de gracia y sin más garantías que unos cheques.

En esa causa, Balcedo fue procesado con eximición de prisión hasta que fue beneficiado por distintas medidas judiciales.

La causa sumó a otros empresarios de la Ciudad que también denunciaron a Balcedo por prácticas extorsivas y derivó en allanamientos en las empresas periodísticas. Finalmente, algunas de esas investigaciones, como la que se abrió a partir de la acusación del empresario automotriz Ricardo Salomé, prescribieron. En otras, los fiscales que intervinieron, como Marcelo Romero, pidieron la nulidad.

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El sindicalista que ayer fue detenido en Punta del Este en la causa que lleva adelante el juez Ernesto Kreplak volvió a ser involucrado en otras causas en la que se lo acusó de extorsión y amenazas.

Esta vez, la denuncia no provino del ámbito empresarial, sino desde la política. Los entonces legisladores provinciales Juan Amondarain, Alberto Delgado, Raúl Pérez y el fallecido Nicolás Dalesio acusaron a Balcedo de “aprietes” para conseguir beneficios para colocar personal de su confianza en distintos ámbitos del Estado y para que se avance con la sanción de una ley vinculada a las máquinas tragamonedas.

PRÓFUGO POR DOS AÑOS

La demanda contra Balcedo fue por presunta coacción agravada en dos hechos de concurso real.

El primer hecho tuvo lugar en 2002, cuando, según denunció Amondarain, Balcedo le exigió que se designe a un hombre de su confianza como subinterventor del Hipódromo de La Plata, lo que fue rechazado por el entonces legislador.

El denunciante aseguró que a partir de ese momento fue objeto de una extensa campaña de hostigamiento en su contra dirigida tanto desde el diario Hoy como de la radio 92.1.

En la segunda denuncia, que fue motorizada por otros legisladores que entonces formaban parte de las bancadas del PJ, se acusó al secretario general de Soeme de exigir a través de amenazas que en la Legislatura se sancione una ley vinculada a la instalación de máquinas tragamonedas

El pedido fue rechazado, por lo que Balcedo también habría lanzado, como represalia, una campaña difamatoria contra los diputados y senadores.

Esa causa, que tuvo como querellantes al ex gobernador Felipe Solá y Sergio Massa, fue la que derivó, en el año 2007, en una orden de detención en su contra que fue pedida por la fiscal que intervino, Virginia Bravo, y firmada por el juez de Garantías Nº 1, Guillermo Atencio.

Balcedo, que estaba imputado por “coacción agravada en dos hechos en concurso real”, una figura delictiva no excarcelable, que preveía una pena de 5 a 20 años de prisión, pasó a la condición de prófugo, tal como lo definió la Justicia.

El sindicalista habría estado afuera del país a lo largo de dos años. Según las versiones, se escondió en Uruguay, donde ayer finalmente fue detenido, aunque por otra causa.

Habría retornado al país recién en 2009, cuando la causa quedó anulada por el Tribunal de Casación Penal, en un polémico fallo emitido en defensa, según el texto judicial, de la “libre expresión”.

“APRIETES” EN EL GREMIO

Balcedo también fue apuntado en denuncias por el manejo del gremio, donde, según las acusaciones, realizó una violenta campaña de afiliaciones compulsivas y descuentos irregulares.

Zenón Zappitelli, ex integrante de Soeme, fue quien motorizó esas denuncias. Según declaró, como se negó a afiliar personas de manera ilegal fue “sacado a palos” del gremio.

Ante la Justicia, Zappitelli explicó que dos empleados de seguridad intentaron impedirle el ingreso a la sede del gremio por una supuesta orden interna. Al negarse lo amenazaron y lo atacaron a golpes. El ex dirigente gremial describió que un individuo fue luego hasta su casa y le dijo: “Si seguís jodiendo vas a aparecer en un zanjón”. Zapitelli afirma que las lesiones y amenazas “son una respuesta a reclamos y planteos” que él había formulado en el gremio por supuestos descuentos indebidos a afiliados.

De acuerdo a la denuncia, la campaña de afiliación trucha habría involucrado a unos 8 mil empleados de Educación.