Transportes escolares: dan 18 meses para colocar cinturones

Los transportes escolares que circulen por el territorio de la Provincia de Buenos Aires deberán llevar obligatoriamente cinturones de seguridad y cabezales en los asientos de todos los pasajeros. De no cumplirse será sancionado. Así lo establece la ley 13.637, creada a fines de diciembre pasado por la Legislatura bonaerense y publicada ayer en el Boletín Oficial, que fija un plazo de 18 meses para que los operadores del sector adapten sus vehículos.

Este dispositivo de seguridad fue objetado ayer por la Asociación de Propietarios de Transportes Escolares de La Plata, quienes dijeron que "es imposible colocarlos porque en los vehículos viajan chicos de diferentes edades y contexturas físicas", entre otras razones que fundamentan su oposición a la legislación que se publicó oficialmente ayer.

La nueva norma reforma el artículo 64, inciso 1, de la ley 11.430, que prescribe la obligatoriedad de cinturones de seguridad y de cabezales en los asientos "para todos los ocupantes".

Ahora, a ese artículo se le agregó el siguiente texto: "Esta obligación es extensible a la totalidad de los transportes escolares que circulen por el territorio de la Provincia", entre los cuales se encuentran los transportistas de la Ciudad.

AGRAVANTES

Además, la Legislatura incorporó entre los agravantes de las sanciones que prevé el Código de Tránsito a quienes conducen los transportes escolares y no cumplan con la obligación del uso de los cinturones de seguridad.

Se trata del artículo 118 del Código de Tránsito, que indica que cualquier tipo de sanción "podrá aumentarse hasta el triple" a quienes cometiendo faltas de tránsito ponen en inminente peligro la salud de las personas, a quien finja la prestación de un servicio de urgencia o a quien sea un funcionario público, entre otras cosas.

A ese artículo se le agregó ahora un inciso que prevé la sanción a los transportistas escolares, cuando la infracción consista en la no incorporación de los cinturones, la cual el Código prescribe como "atentado a la seguridad pública".

Según la nueva ley, este tipo de sanciones será aplicable a partir de los 18 meses desde la publicación de la norma en el Boletín Oficial, a fin de que los conductores puedan efectuar la adecuación de sus vehículos.

OBJECIONES

"Aún no estamos enterados. Pero desde ya nos oponemos esta normativa, aunque haya que cumplirla, con lo cual se verán los mecanismos que se adoptarán en los próximos meses", dijo Juan José Zozaya, presidente de la Asociación Propietarios de Transportes Escolares de La Plata.

Según el titular de la entidad, "no es práctico. Tienen diferentes tamaños los chicos que viajan en combis o micros regulares. Tendrán que ser todos adaptables. Pero más allá de los gastos que esto puede implicar, no es práctico porque suben y bajan chicos cada dos cuadras. Habrá que ver cómo se solucionan los problemas técnicos que van a aparecer cuando se quiera poner en práctica esta ley".

En el terreno de las críticas, Zozaya indicó que "a nosotros, que cumplimos con todos los requisitos, nos piden de todo; pero no hay capacidad de control para evitar que crezca el parque automotor de los transportes escolares truchos, que ya superan a los habilitados". Según el dirigente institucional, "sólo en La Plata hay más de 200 coches truchos, contra los 235 vehículos habilitados".