La situación judicial del destituido expresidente de Paraguay, Santiago Peña, sumó un determinante capítulo este sábado. El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, decretó la prisión preventiva del exmandatario en el marco de la causa por el escándalo financiero de Ueno Bank, al considerar que existen riesgos procesales concretos de peligro de fuga y obstrucción a la investigación.
Tras la finalización de la audiencia de imposición de medidas, donde Peña hizo uso de su derecho constitucional de abstenerse a declarar, el magistrado dispuso que el exjefe de Estado sea trasladado de inmediato desde el Palacio de Justicia de Asunción hacia el cuartel del Regimiento Escolta Presidencial, donde cumplirá la medida cautelar bajo estricta custodia militar.
La resolución del juez Otazú responde a los cargos formalizados por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio, delitos derivados de las maniobras financieras que derivaron en su reciente destitución por parte del Senado.
Al fundamentar la prisión preventiva, el magistrado remarcó la necesidad de garantizar la permanencia del imputado dentro del territorio nacional y evitar interferencias en el avance de la causa. "Se debe tener la garantía de su permanencia en el país y es por eso que el juzgado ha determinado decretar la prisión preventiva del mismo", explicó el juez Otazú al término de la audiencia.
El magistrado detalló que se evaluó especialmente la información privilegiada de alto nivel a la que Peña tuvo acceso durante su gestión presidencial sobre el entramado de Ueno Bank y sobre investigaciones vinculadas al crimen organizado, elementos que incrementaban el riesgo de entorpecimiento probatorio.
La crisis sentó un precedente en Paraguay
Peña fue reemplazado por el vicepresidente Pedro Alliana, quien comenzó a nombrar un nuevo gabinete el sábado. El Banco Central informó el sábado que 1,2 millones de clientes de Ueno habían recibido un reembolso parcial o total de sus depósitos asegurados conforme a la ley paraguaya.
Los legisladores acusaron a Peña de usar su influencia política para canalizar cientos de millones de dólares de fondos públicos hacia Ueno, mientras los reguladores pasaban por alto préstamos internos de alto riesgo. Peña ha negado haber cometido algún delito.
La destitución del aliado del presidente de Estados Unidos Donald Trump constituye la mayor crisis política en Paraguay en más de una década. El país, sin salida al mar y con 6 millones de habitantes, volvió al régimen democrático en 1989. Desde entonces, en su mayoría ha sido gobernado por el conservador Partido Colorado.
Peña presentó su renuncia el jueves, pero el Congreso no la aceptó y siguió adelante con un juicio político. Legisladores de la oposición insistieron en su destitución para impedir que dejara el cargo con inmunidad.
En un mensaje de despedida difundido poco antes de ser destituido el viernes, Peña manifestó su esperanza de que su salida evitara más daños a Paraguay.
"No quiero que mi presencia sea motivo de mayor división o inestabilidad", escribió. "Mi responsabilidad es poner al país por encima de mi destino personal".
La indignación pública se ha intensificado día tras día. Miles de manifestantes que exigen acceso a sus ahorros congelados y que se rindan cuentas por el colapso de Ueno se han enfrentado con la policía, que esta semana disparó balas de goma y gas pimienta. El mayor sindicato de docentes de Paraguay, que tiene más de 40.000 afiliados, planea iniciar una huelga nacional indefinida el lunes para exigir la protección de los fondos públicos de pensiones.
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