Las fallas en los servicios de luz y agua en La Plata que brindan Edelap y Absa, respectivamente, es una gran deuda que tienen las empresas prestatarias con los consumidores. Los vecinos platenses y de la Región no tienen ni voz ni voto y quedan afuera de los organismos de control.
Pese a que la normativa los ampara y vela por la creación de sindicaturas que les den un lugar, lo cierto es que los consumidores tienen poca incidencia en los entes creados para garantizar el cumplimiento de los contratos de concesión y asegurar un óptimo servicio. En ese marco, son cada vez más frecuentes los cortes de luz y de agua en todos los barrios de de nuestra ciudad, y los consumidores no tienen participación en los entes provinciales.
En el caso de Edelap, la clave está en la falta de participación efectiva de los usuarios y la suspensión de multas limitan el rol del OCEBA para defender a consumidores. En el caso de Absa, donde la Provincia es prestadora y controladora, se plantea la falta de organismos de control cercanos y la disolución del OCABA dejaron a los usuarios con pocas vías para reclamar.
Platenses por fuera del control del servicio eléctrico
Los consumidores no tienen un ámbito efectivo donde plantear las falencias del servicio eléctrico de la Ciudad. Su incidencia en los organismos creados para protegerlos es prácticamente nula y en muchos casos para lograr una respuesta deben recurrir a la vía judicial.
Desde su creación, el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) tiene entre sus objetivos fiscalizar a las distribuidoras y defender los derechos de los usuarios. Sin embargo, asociaciones de consumidores sostienen que, en la práctica, la participación ciudadana dentro del organismo ha tenido una incidencia limitada y que aún persiste una deuda en materia de representación.
Pero esa no es la única limitación que atraviesa al organismo. Una de sus principales funciones es sancionar y multar a las distribuidoras, una facultad que en el último tiempo quedó condicionada por la decisión del Gobierno bonaerense de suspender el cobro de las multas hasta la finalización del proceso de Revisión Tarifaria Integral (RTI).
La medida fue publicada en el Boletín Oficial del 18 de septiembre de 2025, cuando el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos dispuso la “postergación del pago de las penalizaciones por apartamientos a los límites admisibles en la calidad del producto técnico y del servicio técnico” correspondientes al período iniciado en junio de 2017 y hasta la aplicación del primer cuadro tarifario surgido de la RTI.
El actual esquema del mercado eléctrico se configuró a comienzos de la década del noventa. En 1992, con la reforma y privatización del sistema, surgió Edelap como distribuidora de la región en reemplazo de Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA). A partir de ese proceso también se crearon organismos específicos para controlar a las empresas concesionarias.
Antes de las privatizaciones, al ser el propio Estado el encargado de prestar el servicio, no existían entes reguladores independientes ni contratos de concesión que supervisar. El control recaía directamente sobre el Ministerio de Obras Públicas. Con el nuevo esquema, esa función quedó en manos del OCEBA, creado por la Ley 11.769.
Se trata de un ente autárquico encargado de fiscalizar el cumplimiento del Marco Regulatorio Eléctrico y de los contratos de concesión. Su tarea alcanza a las distribuidoras provinciales Edelap, Eden, Edes y Edea, además de unas 200 cooperativas y sociedades de economía mixta con concesión municipal.
Entre sus funciones se encuentran controlar la calidad del servicio, verificar el cumplimiento de las obligaciones de las empresas, aplicar sanciones cuando corresponda, recibir reclamos de los usuarios y supervisar aspectos técnicos, económicos y de seguridad de las concesionarias.
Sin embargo, para Henry Stegmayer, presidente de Consumidores Responsables, uno de los aspectos más débiles del sistema sigue siendo la participación ciudadana. Si bien el OCEBA y otros entes reguladores contemplaron la creación de espacios integrados por asociaciones de consumidores, su capacidad de incidencia ha sido escasa.
“En general los usuarios tuvieron muy poca incidencia. Podían opinar sobre algunos temas e incluso lograron influir en casos puntuales, pero sus decisiones nunca fueron vinculantes”, señaló Stegmayer.
La observación contrasta con lo expresado por el propio OCEBA en su sitio institucional, donde se reconoce que uno de los problemas históricos fue la escasa representatividad, visibilidad y reconocimiento del organismo por parte de los usuarios bonaerenses. Allí se destaca la creación de la Sindicatura de Usuarios, la Mesa de Usuarios de la Producción y el Consejo Asesor Eléctrico como herramientas para fortalecer esa participación.
Según recordó Stegmayer, la intervención de las asociaciones de consumidores siempre fue ad honorem y, en muchos casos, ni siquiera existieron mecanismos plenamente reglamentados que garantizaran su funcionamiento continuo. “Hasta la Constitución habla de la participación de los usuarios en los entes reguladores, pero en la práctica eso no existe”, cerró Stegmayer.
Absa y la participación de consumidores que nunca tuvo formalización
Los platenses tienen cada vez menos vías cercanas para reclamar por los problemas con el servicio de agua. Aunque existen organismos provinciales encargados de controlar a la empresa prestataria, los mecanismos de reclamo se fueron concentrando y los usuarios quedaron más alejados de los espacios donde se toman las decisiones.
ABSA tiene una composición mayoritariamente estatal: el Estado bonaerense posee el 90% de las acciones, mientras que el 10% restante está en manos de trabajadores provenientes de la antigua empresa concesionaria. De esta manera, la Provincia cumple un doble rol: es prestadora del servicio y, al mismo tiempo, responsable de su control a través de la Autoridad del Agua (ADA).
En Gonnet y Villa Castells, los vecinos habían encontrado una vía cercana para reclamar por los problemas con la calidad del agua. A través de la Justicia de Faltas de La Plata, lograron una medida que obligaba a ABSA a entregar bidones de agua potable y suspender el cobro del servicio a los usuarios afectados. Sin embargo, esa alternativa quedó descartada luego de que la Suprema Corte bonaerense determinara que la Justicia local no tiene competencia para intervenir sobre un servicio público de jurisdicción provincial.
El actual esquema de control es consecuencia de una serie de modificaciones realizadas desde la privatización del servicio. El primer organismo regulador fue el ORBAS, creado por la Ley 11.820. Con la privatización, el Decreto 743/99 modificó su denominación y pasó a llamarse ORAB.
Ese organismo contemplaba formalmente la participación de los usuarios, ya que uno de los integrantes de su directorio debía ser designado a propuesta de la asociación de consumidores y usuarios más representativa del sector.
Luego de la rescisión del contrato con Azurix, la empresa multinacional que había quedado a cargo del servicio, la prestación fue estatizada. Así nació ABSA, una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria: el 90% de las acciones quedó en manos de la Provincia y el 10% en manos de los trabajadores provenientes de Azurix.
Con el nuevo marco regulatorio, aprobado por el Decreto 878/03 y convalidado por la Ley 13.154, el ORAB pasó a denominarse OCABA. La estructura mantuvo la representación de los usuarios dentro del directorio.
Sin embargo, esa participación desapareció cuando la Ley 14.989 disolvió el OCABA y transfirió sus funciones a la ADA. Desde entonces, el control de los servicios de agua potable y desagües cloacales quedó concentrado en ese organismo provincial.
La ADA es una entidad autárquica de derecho público y tiene entre sus principales funciones la reglamentación, supervisión y vigilancia de las actividades vinculadas con el estudio, captación, uso, conservación y evacuación del agua.
También interviene en la formulación de la política hídrica provincial, establece prioridades para el uso del recurso, fija cánones y contribuciones, determina dotaciones de agua y puede disponer restricciones o suspensiones del suministro ante determinadas situaciones. A esto se suman tareas relacionadas con la protección del recurso hídrico y la coordinación con otros organismos para la planificación y preservación de las cuencas.
En paralelo, la Provincia intentó recuperar algún mecanismo de participación ciudadana. La Ley 14.745 incorporó el artículo 50 bis al marco regulatorio y creó la Sindicatura de Usuarios dentro del organismo de control, con la función de representar los intereses de quienes utilizan el servicio de agua potable.
La norma estableció que debía estar integrada por asociaciones de usuarios y consumidores legalmente constituidas y que contaría incluso con un presupuesto de funcionamiento de hasta el 5 por ciento del total asignado al organismo de control. Los representantes, en tanto, desempeñarían sus funciones ad honorem.
La ley fue promulgada en agosto de 2015. Sin embargo, más de diez años después, esa estructura nunca habría llegado a formalizarse. De acuerdo con el material analizado, en noviembre de ese mismo año el entonces OCABA había encomendado a dos abogados las gestiones necesarias para poner en marcha, constituir, organizar y reglamentar la Sindicatura de Usuarios.
La cuestión es que, con la posterior disolución del OCABA y el traspaso de sus funciones al ADA, tampoco quedó consolidado ese mecanismo de participación.
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