La violencia en estadios de fútbol y las dudas sobre el rol del Coprosede

La función del Comité Provincial de Seguridad Deportiva (Coprosede) aparece cada vez más desdibujada y parecería resumirse en un círculo perverso para deslindar responsabilidades sobre los clubes en lugar de contribuir a una efectiva seguridad en los estadios de fútbol y de individualizar y someter a la Justicia a los verdaderos responsables de la violencia.

Todo lo que hace este organismo, en efecto, parecería destinado a descargar sobre las instituciones deportivas con sede en la Provincia, las consecuencias por hechos penales que suelen producirse antes, durante o después de los partidos de fútbol. En poco y nada, sin embargo, parece ayudar a la tarea de identificar a los promotores de la violencia, detenerlos y someterlos a juicio, como tampoco a la instrumentación de medidas eficaces para prevenir incidentes. El camino más fácil es el de sancionar a las instituciones, y en eso parecería agotarse la función de este organismo que -paradójicamente- no fue creado para castigar a los clubes sino para trabajar por la seguridad en los estadios de fútbol.

El Estado, a través del Coprosede, reconoce que la Policía no sirve para prevenir y mucho menos para investigar las acciones de los pequeños grupos violentos que suelen promover desórdenes en los estadios. Ante los últimos acontecimientos, debe discutirse, entonces, cuál es el rol de este organismo y hasta qué punto su función no ha quedado completamente desnaturalizada.

Los clubes ya están obligados a pagar por un costoso servicio adicional de policía y a instalar sistemas de seguridad con videocámaras que representan cuantiosas erogaciones. El Coprosede, además, los hace cargar con la responsabilidad de la ineficacia o la impotencia de los operativos policiales para prevenir los desórdenes.

Es ese organismo el que determina cuáles son las medidas de seguridad que deben adoptarse para cada partido (define capacidades permitidas; habilitación de accesos, etc.) y el que coordina los operativos policiales y participa en la definición de la cantidad de efectivos que deben ser contratados por las instituciones. No asume, sin embargo, responsabilidades por las frecuentes fallas en esos diagramas de seguridad, descargando -como se dijo- el mayor peso sobre los clubes.

En este marco, se observan mecanismos a todas luces ineficientes para enfrentar el problema de las denominadas barras bravas. Por ejemplo, los operativos de seguridad incluyen -ante focos de violencia desatados en una tribuna- la metodología de la represión masiva e indiscriminada (lanzamiento de agua o gases contra todo un sector del estadio) en lugar de apuntar a la individualización de los sujetos que promueven y protagonizan la violencia. Está claro que la impunidad aparece siempre asociada a la violencia en los estadios. ¿Cuántos casos hay de barrabravas que hayan sido sometidos a la Justicia y sancionados penalmente?

Lo cierto es que el sistema que justifica el Coprosede y el modo en que funciona, pone a las instituciones deportivas de la Provincia en una situación muy vulnerable. Permite, por ejemplo, que cualquier grupo o sector que busque perjudicar a un club pueda "infiltrar" a unos pocos activistas (disfrazados de hinchas) para provocar disturbios y lograr, así, que el club resulte sancionado. Se llega de ese modo a una situación verdaderamente absurda en la que las instituciones quedan indefensas.

Ante nuevos incidentes registrados en las canchas de fútbol, es hora de poner la lupa sobre la función que cumple el organismo supuestamente creado para contribuir a la seguridad en esos ámbitos.