Debaten cómo frenar el aluvión de bromas que pone en jaque al 911

La decisión del gobierno provincial de accionar judicialmente contra los dueños de las líneas telefónicas desde donde se realizan bromas o denuncias falsas al servicio 911 de atención de emergencias policiales, disparó un debate sobre las posibilidades de encuadrar fehacientemente esas llamadas como un delito al que se le pueda aplicar una pena, y sobre la probabilidad cierta de probar en los tribunales que se trató de comunicaciones efectuadas con la intención de "molestar".

Y en ese marco, desde el ministerio de Seguridad, donde se reconocieron "dificultades" en ese sentido, se anticipó que "se promoverán reformas legislativas necesarias" para poder sancionar desde la justicia este tipo de acciones.

Desde el ámbito judicial, fiscales, abogados y magistrados consultados en este sentido plantearon en algunos casos la "existencia de dificultades" para tipificar el delito en alguna figura prevista en el Código Penal y aseguraron que para ese fin "habría que hacer una interpretación muy amplia" de algunos de los artículos de ese texto.

Otros especialistas sostuvieron, en tanto, que la posibilidad de contar con las grabaciones de las comunicaciones "molestas" -en las que se realizan denuncias falsas, se insulta o se gasta algún tipo de broma a los operadores del servicio- permitiría "probar una infracción tipificada claramente en el Código de Faltas" y sancionada con arresto de entre 10 y 30 días y multas pero encontraron mayores dificultades para un encuadramiento penal.

Desde Seguridad en tanto, como se dijo, reconocen que es difícil tipificar la falta o delito que se cometería con los llamados en broma al 911 pero subrayan que están trabajando sobre distintas variables para llevar adelante la embestida judicial y con ese objetivo en claro, plantearon incluso la posibilidad de proponer reformas legislativas para "crear" la figura delictiva que corresponda.

Así lo indicó ante la consulta de este diario el secretario de Evaluación de Información para la Prevención del Delito bonaerense y máximo responsable del 911, Roberto Vázquez, quien admitió que no existen demasiados antecedentes de este tipo de acciones judiciales, pero reafirmó su intención de llevar a los tribunales a los dueños de las líneas telefónicas desde donde se realizan las llamadas "truchas", para que se les corte el servicio.

Es que el problema de esas llamadas hace tiempo que comenzó a ser considerado "preocupante" por el ministerio de Seguridad de la Provincia. Según se informó oficialmente, un 80% de los aproximadamente 25 mil llamados diarios que recibe la línea telefónica son "inconducentes". En ese amplio abanico -que asciende a unas 20 mil comunicaciones diarias- se incluyen las bromas -mencionando situaciones críticas delictivas falsas-, las llamadas de personas que sólo quieren verificar si el sistema funciona o que plantean casos que nada tienen que ver con el servicio.

Y frente a esta realidad insólita, el ministerio de Seguridad está dispuesto a cortar de raíz el problema, por lo menos en lo que atañe a los "bromistas" que, desde un número particular, ocupan alguna de las 260 líneas que funcionan en el edificio de la calle 8 entre 46 y 47 desde enero, cuando se puso en marcha el sistema para La Plata, Berisso, Ensenada y otros 32 distritos bonaerenses.

"ES FRAUDE O DAÑO AL ESTADO"

Por el momento, los responsables del 911 están abocados a la tarea de recolección de prueba de lo que -esperan- la justicia considere un delito. Para éso cuentan con las grabaciones digitales de todas las llamadas molestas, el número telefónico desde las que fueron realizadas con fecha y hora y los nombres de los propietarios de las líneas.

Con ese material, el propio Vázquez se propone ir a la Justicia para que, de alguna manera, se sancione a los dueños de las líneas.

"Las personas que llaman y gastan bromas o radican denuncias falsas están incidiendo en un sistema creado para atender emergencias en las que se ponen en peligro los bienes, la integridad física o sexual o la libertad de las personas. Por éso consideramos que este uso del 911 está ocasionando un 'fraude' o un 'daño al Estado'. Y bajo esa acusación pretendemos llevar un grupo de casos significativos a la Justicia", indicó Vázquez.

DUDAS Y CERTEZAS OFICIALES

Pero el mismo funcionario reconoce las dificultades de la iniciativa. "No hay muchos precedentes de acciones de este tipo, pero no podemos admitir que ésto quede en la nada porque se está cometiendo un grave perjuicio contra un sistema que funciona correctamente", aseguró.

Y aunque sostiene que hay artículos del Código de Faltas que, por lo menos, permitirían encuadrar las llamadas molestas como una "contravención", subraya que están decididos incluso a "impulsar reformas legislativas para ampliar algunas figuras" de ese cuerpo y poder, de esa manera, encontrar algún encuadre específico para el fenómeno.

El funcionario dice no tener dudas, en cambio, de que los dueños de las líneas desde donde se hacen esos llamados pueden ser castigados (si la comunicación es encuadrada como una contravención o delito). "Los titulares son los responsables y los garantes de que sus líneas no sean utilizadas con fines ilegítimos", subrayó.

Y confía también en que no se puede plantear ninguna duda sobre la prueba del delito."Tenemos las grabaciones, los números de las líneas y todos los elementos. Confiamos que, como está previsto en el Código de Procedimientos, los jueces puedan decomisar los elementos del delito, en este caso, los teléfonos", dice Vázquez.

OPINIONES ENCONTRADAS

En el ámbito judicial, en tanto, la cuestión generó opiniones encontradas.

Por un lado, hay quienes sostienen que el delito de llamar para gastar alguna broma o radicar una falsa denuncia es, técnicamente, de probanza casi imposible. "A lo sumo -dicen- se puede probar el cuerpo del delito, esto es, la grabación de la llamada telefónica, pero luego habría que avanzar sobre la autoría efectiva y la responsabilidad".

Y en ese sentido consideran que los responsables de las líneas no pueden ser castigados por el perjuicio que se haya cometido desde ellas. "Estaríamos haciendo derecho penal de autor; sería como sancionar al dueño de un auto que fue usado por otra persona que provocó un accidente", graficó un fiscal.

Quienes así opinan consideran que las denuncias de Seguridad no podrían avanzar en el fuero penal.

En cambio otro grupo considera que el fenómeno sí puede contar con un encuadre penal adecuado, el previsto en el art. 197 del Código que estipula que será reprimido con prisión de seis meses a dos años "el que interrumpiere o entorpeciere la comunicación telefónica". Interpretan que en las bromas, denuncias falsas o llamadas molestas, la intención no es establecer una comunicación sino interrumpir otra, la de quienes sí necesitan usar el 911 para los fines adecuados.

Finalmente, hay un grupo de juristas que opina que, de probarse el delito y la autoría, el hecho debería ser sancionado como una contravención. Sostienen que la falta está prevista en el art. 81 del Código respectivo, que indica que serán penados con multas y de diez a treinta días de arresto quienes "provoquen engañosamente la concurrencia de la Policía, del Cuerpo de Bomberos, de la asistencia sanitaria o de cualquier otro servicio análogo". Y aclaran que cuando se utilizara un aparato telefónico, la pena alcanzará a su propietario.