Claves para entender el conflicto por las papeleras

Aqui se resumen algunas de las cuestiones salientes en el litigio entre nuestro país y Uruguay. Repaso de un tema cada vez más complejo La controvertida historia de las papeleras (o fábricas de pasta celulósica) empieza en 1990 cuando la Empresa Nacional Celulosa España (Ence) y la finlandesa Metsa-Botnia deciden invertir en plantaciones de eucaliptus en Uruguay. En 2002, Ence presentó ante el gobierno uruguayo el proyecto para la instalación de una planta de pasta de celulosa en Fray Bentos, con una inversión de 600 millones de dólares. Lo mismo hizo Botnia en 2004, con una inversión de 1.200 millones de pesos. La noticia provocó resistencia en Gualeguaychú y en agrupaciones de Uruguay. Le siguieron las fuerzas políticas de esa ciudad, de Entre Ríos, de la Cancillería argentina y del Poder Ejecutivo Nacional. La resistencia se basa en la eventual contaminación, que impactaría negativamente sobre la salud de la población, la economía y el turismo. En 2003 se formó un grupo de Vecinos Autoconvocados en Gualeguaychú. El 24 de septiembre de ese año se firmó la "Declaración de Gualeguaychú", que fue entregada el 4 de octubre al intendente de Río Negro (ROU) y se realizó el primer corte del puente internacional. En febrero de 2004, el presidente Néstor Kirchner y el entonces canciller Rafael Bielsa recibieron los reclamos de los Vecinos en Gualeguaychú. Meses después, el gobernador entrerriano Jorge Busti calificó de "gorila" al ex presidente uruguayo Jorge Batlle por autorizar la planta de Botnia. El 30 de abril de 2005, 40 mil personas realizaron la histórica marcha y corte del puente internacional Gualeguaychú _ Fray Bentos. Luego se formó la Asamblea Ambiental. Y el 5 de mayo del año pasado, los presidentes Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez acordaron la creación de una comisión binacional para analizar el impacto ambiental. El Gobierno entrerriano presentó dos recursos internacionales: ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ante la oficina de la Ombudsman del Banco Mundial. Actualmente, se mantienen los cortes de las rutas 135 (que une Colón con Paysandú) y 136 (que une Gualeguaychú con Fray Bentos). Asimismo, el expediente con la denuncia presentada por el gobernador de Entre Ríos contra las empresas Botnia y Ence llegó a la Corte Suprema de Justicia, en una causa caratulada "Contaminación ambiental en grado de tentativa", mientras que Uruguay ratificó su intención de llevar la disputa con Argentina por la instalación de las plantas de celulosa en Fray Bentos a la mesa del Mercosur, en una iniciativa que muestra el endurecimiento de la posición del país vecino. QUE SON LAS FABRICAS DE CELULOSA Las fábricas de celulosa se ocupan de obtener esta sustancia, la más frecuente en la pared de las células vegetales, de plantas de eucaliptus. La celulosa es la forma más abundante de biomasa de la corteza terrestre y constituye la materia prima del papel y de los tejidos de fibras naturales. ARGUMENTOS A FAVOR (Uruguay) * El informe uruguayo describe brevemente la magnitud de los emprendimientos proyectados: las fábricas producirán un millón cuatrocientas mil toneladas de celulosa al año y usarán como materia prima 5 millones de toneladas de eucaliptus. Sería uno de los más grandes del mundo dentro de la industria. * El mismo informe defiende los métodos de producción elegidos para las plantas de celulosa, y afirma que se encuentran entre las "mejores técnicas disponibles" (denominadas BAT) para la industria papelera según la directiva 96/61 del Consejo de Europa. Dentro de ellas, se encuentra el proceso de blanqueo ECF (libre de cloro elemental), que es el que usarán las plantas. * La presencia de cloro en esta clase de procesos genera sustancias contaminantes (organoclorados) como dioxinas o furanos. El método ECF no utiliza cloro, sino dióxido de cloro. Según el informe de la cancillería uruguaya, "el dióxido de cloro genera cantidades muy inferiores de compuestos policlorados, caracterizados por la baja hidrosolubilidad, baja biodisponibilidad, alta persistencia y toxicidad". Su producción puede incluir entre 1 y 45% de cloro elemental. Pero una simulación realizada por el grupo diplomático uruguayo dio como resultado que los niveles de emisiones al río de efluentes químicos resulta "indetectable" en las dos costas del río. * Sobre las emisiones de gases al aire, el informe dice que "no se esperan eventos de olor en Las Cañas ni en ningún punto antropizado de la costa argentina, y que los eventos de olor en Fray Bentos y las adyacencias serán esporádicos". ARGUMENTOS EN CONTRA (Argentina) * El informe presentado por la delegación argentina en la Comisión Mixta creada para estudiar el impacto ambiental de las papeleras sostiene que las plantas "van a contaminar el ambiente". * Para Argentina, el carácter de "mejor tecnología disponible" (BAT) del método de blanqueo libre de cloro elemental (ECF), que utilizarán las plantas uruguayas, es una técnica que "no se cristalizó en 2001", fecha en que se configuró el catálogo de la Unión Europea que la estableció para sus países miembros, según el informe. Por el contrario, esas técnicas han seguido evolucionando y hoy existen nuevas técnicas que no existían en 2001. Por ello, la UE planea realizar este año un ejercicio destinado a producir una actualización del documento", sostiene el informe. De todos modos, el grupo argentino expresó su desconfianza en que las BAT sean aplicables a un clima como el del litoral. * El informe también sostiene que los valores de emisión declarados en los estudios de impacto ambiental presentados por las empresas constructoras "exceden los niveles alcanzables con tecnología ECF". Y afirma que, si bien en la simulación realizada por el Uruguay las emisiones al río de efluentes químicos resultaron "indetectables", en la medida en que se utilice cualquier compuesto con cloro _incluyendo el dióxido de cloro_ existe la potencial formación de ese contaminante. Sostiene que el daño al río Uruguay está "asegurado". QUE ES LA CORTE INTERNACIONAL DE LA HAYA La Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, el organismo al cual Argentina evalúa recurrir por el conflicto por la instalación de las papeleras en Fray Bentos, se constituye en el órgano judicial principal de las Naciones Unidas. Fue establecida en 1945 en esa ciudad de los Países Bajos. "La jurisdicción de la Corte se extiende a todos los litigios que los Estados le sometan y a todos los asuntos previstos en la Carta de las Naciones Unidas o en tratados y convenciones vigentes", señala el estatuto de la Corte. Además, establece en su artículo 38 que la Corte, "al decidir las controversias que se le sometan, aplica las convenciones internacionales que establecen reglas reconocidas por los Estados litigantes". Asimismo, implementa "la costumbre internacional como prueba de una práctica general aceptada como ley y las decisiones judiciales y la doctrina de los autores más calificados de los distintos países, como medio subsidiario para la determinación de las reglas jurídicas". La Corte Internacional de Justicia de La Haya está integrada por 15 magistrados "elegidos en votaciones independientes por méritos y no por su nacionalidad, y se intenta que estén representados en la Corte los principales sistemas jurídicos del mundo", indica el reglamento. En la actualidad, la Corte está presidida por Shi Jiuyong, de China, y Raymond Ranjeva, de Madagascar. OPINION DE OTROS PAISES BRASIL: sostiene que el conflicto debería dirimirse en el ámbito regional, sin hacer referencia clara al Mercosur CHILE: el canciller Ignacio Walker expresó su temor de que la crisis de las papeleras y los consiguientes cortes de ruta afecten a transportistas chilenos y no descartó que el gobierno de su país interceda para que se alcance una solución. ESPAÑA: a través de su canciller Miguel Angel Moratinos, ha señalado que no realizará "ninguna mediación" en el conflicto que mantienen Argentina y Uruguay por la construcción de las papeleras, y se expresó a favor de "un buen diálogo entre ambas naciones amigas para que encuentren una solución al conflicto". TRATADO BINACIONAL Dentro del marco jurídico regulatorio, resulta preponderante el tratado celebrado entre Argentina y Uruguay en 1975, conocido como Estatuto del Río Uruguay, con la finalidad de regular en forma conjunta, entre otros asuntos, las cuestiones ambientales derivadas de los usos y actividades que se desarrollen en la cuenca de este curso de agua. La protección ambiental está muy presente en el estatuto. Para lograrla, existe un exhaustivo conjunto de normas, que exige la consulta al país vecino toda vez que el otro planee llevar a cabo un emprendimiento susceptible de dañar alguno de los objetivos del tratado, entre ellos el medio ambiente. También contiene un capítulo sobre responsabilidad por daños, la creación de la Comisión del Río Uruguay (CARU), que debe reunirse periódicamente a efectos de hacer una suerte de monitoreo del cumplimiento del tratado y de examinar las actividades en cada una de las márgenes proponiendo soluciones concertadas. Ante el surgimiento de conflictos como el de las plantas papeleras, se contempla un procedimiento conciliatorio. Por último, de no lograrse una solución, el Estado afectado puede recurrir ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para pedirle la solución de la controversia.