Batallón 601, un escuadrón que manejó detenciones clandestinas en todo el país

El Batallón de Inteligencia 601 coordinó a principios de los n80 el funcionamiento de todos los destacamentos de inteligencia y centros clandestinos de detención del Ejército y, bajo el mando de Cristino Nicolaides, secuestró al grupo de Montoneros que regresó al país en el marco de la denominada "contraofensiva" contra la dictadura.

El ex jefe del Ejército se había hecho cargo del Batallón y del Instituto Militar de Campo de Mayo a comienzos del denominado Proceso de Reorganización Nacional, cuando aún tenía el grado de general, pero comenzaba a afianzarse dentro de la fuerza.

Más tarde, el represor participaría del gobierno de facto que asumió el poder luego de la guerra de las Malvinas y nombró como presidente a Reynaldo Bignone, quien finalmente entregó el mando a Raúl Alfonsín en 1983.

El episodio más controvertido protagonizado por el escuadrón que comandaba Nicolaides fue el secuestro y la tortura de un grupo de militantes montoneros, detenidos ilegalmente al regresar al país en el marco de la "contraofensiva", desarrollada entre fines de 1979 y principios de 1980.

"Pese al férreo control de fronteras y aduanas en 1980 dos células guerrilleras, de entre 10 a 14 hombres lograron ingresar al país, las que fueron desbaratadas, incautándoseles carpetas con abundante información", había confirmado él mismo durante una conferencia de prensa pública realizada en 1981.

El Batallón 601 llamó "Operación Murciélago" a la campaña de detección de esos militantes, realizada bajo la dirección del entonces comandante del I Cuerpo de Ejército, Carlos Guillermo Suárez Mason, quien falleció mientras cumplía prisión preventiva.

Si bien hubo más montoneros desaparecidos durante esta operación, a Nicolaides y a otros siete represores se los condenó por la desaparición de seis víctimas alojadas en Campo de Mayo, lugar que también era manejado en esa época por el ex militar.

Julio César Genoud, Verónica María Cabilla, Ángel Carbajal, Lía Mariana Ercilia Guangiroli, Ricardo Marcos Zucker y Silvia Noemí Tolchinsky -los cinco primeros aún continúan desaparecidos- fueron los montoneros por los que se juzgó a Nicolaides, quien se encuentra preso desde hace más de cinco años.

Esta causa data de febrero de 1982, cuando el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó un hábeas corpus ante la Justicia en representación de los familiares de este grupo de militantes.

Luego, en 1997, Nelson Ramón González, un sargento retirado del Ejército, confesó en una entrevista televisiva que Ricardo Zucker estaba enterrado en Campo de Mayo, lo cual reactivó el proceso.

Además, en el marco de esta causa el juez federal Claudio Bonadio declaró la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida.