Impulsan ley sobre madres en prisión
No irían a la cárcel embarazadas y con hijos menores de 6 años
| 8 de Agosto de 2007 | 00:00
En sintonía con el fallo de la justicia platense que la semana pasada ordenó al gobierno bonaerense que otorgue libertad controlada, mediante el uso de pulseras magnéticas, a mujeres que están detenidas en cárceles de la Provincia junto a sus hijos menores, un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de la Provincia impulsa la modificación del Código Procesal Penal para obligar a los jueces a disponer el arresto domiciliario cuando la imputada de un delito esté embarazada o sea madre de un chico de hasta 6 años de edad.
Los cambios sugeridos en el proyecto de ley elaborado por la diputada del Frente para la Victoria Laura Berardo prevén que las detenidas deberán acreditar la maternidad con los respectivos certificados de nacimiento y el embarazo con el informe médico que corresponda.
La iniciativa establece que el juez de garantías deberá conceder el derecho a la prisión domiciliaria "en todos los casos en que resultare una mujer imputada de algún delito y tuviese a su cargo hijo/a o hijos/as menores de 6 años de edad y/o estuviere embarazada".
El beneficio se eliminaría en caso de que la imputada no cumpla con las reglas que se le impusieron, surja evidencia de que trata de eludir la acción de la justicia o no compareciere al llamado judicial sin causa justificada.
El proyecto que analiza la Cámara de Diputados contempla que en caso de beneficiar a este tipo de detenidas, el juez de ejecución o competente deberá disponer la supervisión de la medida a cargo del Patronato de Liberados o de un servicio social calificado y dispone que en ningún caso la persona estará a cargo de organismos policiales o de seguridad.
La autora del proyecto explicó que con las modificaciones impulsadas, "tanto el juez competente, como el de ejecución, pueden requerir informes médicos, psicológicos y sociales que fundamenten la decisión judicial de determinar la procedencia de la detención domiciliaria en el caso concreto, el que será vinculante".
En los fundamentos, la diputada afirma que "el ámbito carcelario, más allá del mal estado, la deficiencia de infraestructura de las instituciones penitenciarias de nuestro país y la constante interacción violenta, ya de por sí, es inadecuado para alojar a ciertas personas vulnerables".
Asimismo, considera que "la sanción no debe trascender al individuo responsable penalmente (principio de intrascendencia penal), y se considera que la privación de la libertad afecta sensiblemente al feto".
FALLO JUDICIAL
El proyecto apunta a adecuar la legislación actual para acompañar el reciente fallo de la justicia platense que hizo lugar a un recurso de amparo y ordenó al gobierno bonaerense que arbitre los medios para otorgar la libertad controlada, mediante pulseras magnéticas, a mujeres que están detenidas en cárceles de la Provincia junto a sus hijos menores.
La medida fue dispuesta luego de la causa penal iniciada para investigar la muerte de un niño, presuntamente por un problema en el sistema respiratorio, en la Unidad 33 de Los Hornos, cárcel que según el informe agregado al trámite de esta acción de amparo judicial cuenta con 19 menores con problemas de salud, la mayoría relacionados con afecciones pulmonares.
En la presentación judicial se solicitó como medida cautelar que se garantice la escolaridad extramuros; atención sanitaria primaria, con médicos especializados; guardia permanente; instrumental y aparatología adecuada; coordinación con centros de salud próximos y unidades de traslado; y partidas presupuestarias a fin de afrontar los gastos de traslado o viajes de familiares de los menores.
La justicia hizo lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada y ordenó librar oficios a los ministerios de Justicia, Desarrollo Humano y Salud, para que provean de manera inmediata y coordinada a la totalidad de los niños que residen con sus madres en cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) la atención primaria, con guardias e instrumental adecuado, coordinación con centros sanitarios próximos y unidades de traslado, para garantizar el acompañamiento materno.
También dispuso que cada unidad del SPB informe a los juzgados o tribunales a cuya disposición se hallan las mujeres privadas de la libertad sobre la resolución del ministerio de Justicia que otorga prioridad en la asignación del uso de pulseras magnéticas a internas que están alojadas en cárceles con sus hijos menores.
Los cambios sugeridos en el proyecto de ley elaborado por la diputada del Frente para la Victoria Laura Berardo prevén que las detenidas deberán acreditar la maternidad con los respectivos certificados de nacimiento y el embarazo con el informe médico que corresponda.
La iniciativa establece que el juez de garantías deberá conceder el derecho a la prisión domiciliaria "en todos los casos en que resultare una mujer imputada de algún delito y tuviese a su cargo hijo/a o hijos/as menores de 6 años de edad y/o estuviere embarazada".
El beneficio se eliminaría en caso de que la imputada no cumpla con las reglas que se le impusieron, surja evidencia de que trata de eludir la acción de la justicia o no compareciere al llamado judicial sin causa justificada.
El proyecto que analiza la Cámara de Diputados contempla que en caso de beneficiar a este tipo de detenidas, el juez de ejecución o competente deberá disponer la supervisión de la medida a cargo del Patronato de Liberados o de un servicio social calificado y dispone que en ningún caso la persona estará a cargo de organismos policiales o de seguridad.
La autora del proyecto explicó que con las modificaciones impulsadas, "tanto el juez competente, como el de ejecución, pueden requerir informes médicos, psicológicos y sociales que fundamenten la decisión judicial de determinar la procedencia de la detención domiciliaria en el caso concreto, el que será vinculante".
En los fundamentos, la diputada afirma que "el ámbito carcelario, más allá del mal estado, la deficiencia de infraestructura de las instituciones penitenciarias de nuestro país y la constante interacción violenta, ya de por sí, es inadecuado para alojar a ciertas personas vulnerables".
Asimismo, considera que "la sanción no debe trascender al individuo responsable penalmente (principio de intrascendencia penal), y se considera que la privación de la libertad afecta sensiblemente al feto".
FALLO JUDICIAL
El proyecto apunta a adecuar la legislación actual para acompañar el reciente fallo de la justicia platense que hizo lugar a un recurso de amparo y ordenó al gobierno bonaerense que arbitre los medios para otorgar la libertad controlada, mediante pulseras magnéticas, a mujeres que están detenidas en cárceles de la Provincia junto a sus hijos menores.
La medida fue dispuesta luego de la causa penal iniciada para investigar la muerte de un niño, presuntamente por un problema en el sistema respiratorio, en la Unidad 33 de Los Hornos, cárcel que según el informe agregado al trámite de esta acción de amparo judicial cuenta con 19 menores con problemas de salud, la mayoría relacionados con afecciones pulmonares.
En la presentación judicial se solicitó como medida cautelar que se garantice la escolaridad extramuros; atención sanitaria primaria, con médicos especializados; guardia permanente; instrumental y aparatología adecuada; coordinación con centros de salud próximos y unidades de traslado; y partidas presupuestarias a fin de afrontar los gastos de traslado o viajes de familiares de los menores.
La justicia hizo lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada y ordenó librar oficios a los ministerios de Justicia, Desarrollo Humano y Salud, para que provean de manera inmediata y coordinada a la totalidad de los niños que residen con sus madres en cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) la atención primaria, con guardias e instrumental adecuado, coordinación con centros sanitarios próximos y unidades de traslado, para garantizar el acompañamiento materno.
También dispuso que cada unidad del SPB informe a los juzgados o tribunales a cuya disposición se hallan las mujeres privadas de la libertad sobre la resolución del ministerio de Justicia que otorga prioridad en la asignación del uso de pulseras magnéticas a internas que están alojadas en cárceles con sus hijos menores.
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