Demoran resolución sobre el caso de Héctor Febres

La resolución sobre la situación procesal de los cinco detenidos sospechados por la muerte con cianuro del represor Héctor Febres, entre los cuales se encuentran familiares de la víctima, se demoró anoche, comunicaron fuentes judiciales.

La demora en la definición, a cargo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, surgió tras la solicitud del prefecto Angel Mario Volpi, uno de los hombres más comprometidos en el caso por estar a cargo de la custodia de la víctima, quien a último momento decidió ampliar su declaración ante la justicia.

La decisión

De esa forma, Arroyo Salgado debió modificar el curso de las notificaciones sobre las resoluciones a adoptarse para cada uno de los imputados.

La esposa de Febres, Stella Maris Guevara, y sus dos hijos -Sonia Marcela y Héctor Ariel- fueron trasladados al Juzgado Federal de San Isidro durante la tarde de ayer.

La magistrada podrá procesarlos, sobreseerlos o bien dictarles la falta de mérito.

La familia del ex prefecto, acompañada por su abogado, Claudio Casio, no tenía hasta el momento información sobre las actuaciones de la magistrada debido al secreto de sumario que pesaba sobre el expediente.

Además, la jueza tenía previsto definir la situación del prefecto mayor Rubén Iglesias, jefe del Destacamento donde Febres estaba detenido, y del prefecto Angel Mario Volpi.

Consultadas distintas partes de la causa, crecieron sobre la noche de ayer las versiones que indicaban que la jueza Arroyo Salgado podría decretar la falta de mérito de la familia de Febres, ya que no habría elementos suficientes para imputarles la comisión del delito.

En tanto, fuentes judiciales estimaron como "muy probable" que sigan presos los prefectos Iglesias y Volpi.

En este marco, el abogado de la familia, Casio, reiteró su confianza en que sus defendidos sean liberados, tras haber sido detenidos desde el 14 de diciembre último, cuatro días después de que Febres fuera encontrado muerto.

Boca abajo

Febres fue encontrado muerto boca abajo en su celda, en el Destacamento Delta de la Prefectura Naval, en Tigre, el lunes 10 de diciembre, cuatro días antes de que se conociera el veredicto del juicio que se le seguía por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura.

Aunque en principio se habló de un ataque cardíaco, la autopsia determinó que Febres ingirió después de su última cena cianuro, presuntamente a través de una pastilla, y la sospecha es que lo habrían engañado diciéndole que era un medicamento para algunas de las afecciones que padecía.

La dosis que lo mató equivale al doble de lo necesario para quitarle a vida a un hombre.

Además, en los últimos días trascendió que en la autopsia se comprobó que había restos de semen en el recto de Febres, por lo que la jueza Arroyo dispuso un análisis de ADN sobre el fluido.

Hasta el momento, tras la muerte de Febres se detectó que el ex prefecto recibía visitas que no eran registradas por sus custodios y que en su celda contaba con numerosos privilegios