La declaración del hijo abre una polémica

En el juicio por el crimen de Analía Escamochero, por el que está acusado su esposo, Leonardo Crespo, debe declarar hoy el hijo mayor del matrimonio, de 13 años. Fue propuesto como testigo por la defensa y, según el tribunal, la legislación procesal permite que, pesar de ser menor de edad, declare en un juicio oral. Sin embargo, esa situación plantea una controversia. La familia de la víctima se opone y la subsecretaria de Derechos Humanos de la Ciudad, Adelina de Alayes, planteó su "preocupación" por el impacto que esta situación pueda tener para el menor de edad.

Los familiares de la mujer asesinada ya habían adelantado en una nota exclusiva publicada por EL DIA el domingo pasado que se iban a levantar de la sala cuando declarara el menor.

A esa postura se sumó ayer la subsecretaria de Derechos Humanos de la Municipalidad de La Plata, que hizo una presentación ante el Tribunal que lleva adelante el juicio para "preservar la integridad psico-física del niño".

Marcela Escamochero, la hermana de la víctima, afirmó en la entrevista con EL DIA: "Hace dos años que no lo vemos y tenemos muchas ganas de hacerlo, de abrazarlo, al igual que a su hermanita. Pero cuando lo llamen a declarar, nos retiraremos de la sala. No estamos de acuerdo con que sea usado para esto".

Leonardo Crespo tenía dos hijos con la mujer asesinada: un varón de 13 años y una nena de 9 (tenían 10 y 6 años cuando ocurrió el crimen). El mayor fue llamado a declarar, a instancias de la defensa, con el aparente propósito de avalar el planteo defensista en relación a las actividades del acusado durante el día del homicidio.

La subsecretaria de Derechos Humanos planteó, en una nota enviada al tribunal y al fiscal , su "preocupación" por la citación del menor a prestar declaración testimonial en audiencia oral y pública. La funcionaria destacó que "el niño no sería testigo directo del hecho que se investiga. Y esta circunstancia, sumada a los terribles sufrimientos que ha padecido, obligan a las autoridades a extremar los recaudos para preservar su integridad psico-física".

De Alayes afirmó, además, que "resulta necesario interpretar la normativa procesal y las garantías de la defensa en armonía con la totalidad del plexo normativo que incluye tratados internacionales de aplicación obligatoria, en particular, la Convención sobre Derechos del Niño". Y sostuvo que "en su aplicación, algunos ámbitos han adecuado ya su normativa, como ocurre con la Ley Nacional de Menores. Donde ello no ha ocurrido, está en manos de los magistrados cumplir y hacer cumplir dichas obligaciones".

En la nota dirigida al fiscal, Alayes afirma que "aquí están en juego normas constitucionales tan sagradas como el derecho de defensa y que deben ser armonizadas con otras tales como los tratados internacionales, la Convención de los Derechos del Niño -que establece el principio del 'interés superior del niño'- y la obligación de preservar a la víctima".

Fuentes judiciales informaron que "se tomó debida nota" de las presentaciones efectuadas por la subsecretaria de Derechos Humanos, aunque aclararon que las normas vigentes no plantean ningún impedimentos para que un menor de edad declare como testigo en un juicio oral y público. Afirmaron, además, que "se han tomado todos los recaudos para garantizar la integridad psicofísica del menor".

Cabe mencionar que los hijos de Crespo viven, desde que ocurrió el crimen, con la familia del padre.