La Corte avaló a Patti como diputado y generó un debate

Luis Abelardo Patti recibió el aval de la Corte Suprema de Justicia para asumir como diputado nacional, aunque el fallo abrió un debate jurídico sobre las posibilidades de que el ex subcomisario, procesado y detenido por delitos de lesa humanidad, pueda asumir su banca.

El máximo tribunal hizo lugar al amparo presentado por el también ex intendente de Escobar contra la decisión de la Cámara de Diputados de impedirle el acceso a ese cuerpo por estar involucrado en causas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar.

De ese modo, la Corte confirmó un fallo de la Cámara Nacional Electoral que había avalado a un planteo de Patti para poder asumir como diputado luego que fuera electo en las elecciones generales de 2005.

Sin embargo, el fallo no es de aplicación inmediata y algunos constitucionalistas opinan que los fueros se obtienen recién al asumir la banca, cosa que Patti no llegó a hacer.

Por eso la defensa del ex policía se abocará en las próximas horas a conseguir su liberación, como paso previo a buscar que finalmente preste juramento y asuma una banca que tiene mandato hasta 2009.

El defensor de Patti, Luis Duarte, adelantó que hoy ampliará el pedido de excarcelación o pedirá un habeas corpus para su cliente.

Para el abogado "Patti obtuvo los fueros en el momento en que fue electo y proclamado por la Junta Electoral, pero fueron desconocido por el juez que lo procesó", aunque el oficialismo en la Cámara baja sostiene que el ex subcomisario carece de inmunidad parlamentaria porque el Congreso rehusó tomarle juramento.

CASO TESTIGO

En su fallo, la Corte invocó el caso del ex gobernador de facto Antonio Domingo Bussi, a quien le reconocieron su derecho a asumir como diputado nacional pese a las impugnaciones en su contra.

En julio de 2007, el máximo tribunal sostuvo que el represor Bussi debió haber jurado como diputado nacional por Tucumán para el período 1999-2003 aunque entendió que la causa es "inoficiosa" porque el mandato para el que fue elegido ya había vencido.

En aquella resolución, la Corte consideró que el Congreso no puede negarle jurar a un legislador electo como lo había sido Bussi: "La Constitución no otorga al Congreso un poder para negar la incorporación de un candidato electo".

En aquella oportunidad, los jueces Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Carmen Argibay y Raúl Zaffaroni votaron a favor de que Bussi pueda asumir su banca como diputado electo. Ayer lo hicieron lo mismo con Patti.

LA CAMARA Y EL PROCURADOR

En su acción de amparo Patti había sostenido que "lo que los diputados hicieron es autoproclamarse jueces, no ya de la validez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros, sino lisa y llanamente del acierto o desacierto del cuerpo electoral".

Cuando la Cámara Nacional Electoral falló a favor de Patti sostuvo que para desvirtuar el principio de inocencia "se requiere al menos el dictado de una sentencia condenatoria por un juez competente, aun si ella no se encontrara firme".

Ahora, la Corte hizo lugar al dictamen del procurador Luis González Warcalde, quien había señalado que "de acuerdo a la doctrina de la Corte Suprema, la Cámara de Diputados, al juzgar el diploma de Patti, ha excedido su potestad constitucional".

Sin embargo, el Procurador había afirmado que "la Cámara de Diputados es juez de la idoneidad de sus miembros y al rechazar el diploma de Luis Patti, aplicó la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, lo que ni siquiera fue considerado por los magistrados del fuero electoral".

Para González Warcalde "la decisión del cuerpo legislativo no afectó los derechos del pueblo que lo votó", al criticar la decisión de la Cámara Electoral en habilitar su banca.

Además, en su dictamen compartió el argumento de los diputados en que "la voluntad de los electores de esos comicios no desaparecía al negarle asumir a Patti, ya que votó además por una lista que incluía 35 diputados titulares y 10 suplentes".

En tanto, había opinado que los diputados cumplieron con el Pacto de San José de Costa Rica que asegura que "le impone al Estado la obligación de eliminar de toda la función pública a aquellos conocidos ejecutores de violaciones graves de derechos humanos".

DE LA ELECCION A LAS DENUNCIAS

Patti, ex intendente del partido bonaerense de Escobar, había resultado electo diputado por el Partido Unidad Federalista (PAUFE) en los comicios legislativos del 23 de octubre de 2005, con 394.398 votos.

Sin embargo, la Cámara rechazó en sesión plenaria el diploma de Patti por "inhabilidad moral" por considerar que había cometido delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.

Entonces se lo acusó de fusilamientos, secuestros y torturas a dirigentes montoneros entre 1976 y 1983 cuando se desempeñaba como integrante de la Policía bonaerense.

El año pasado, el juez federal Alberto Suárez Araujo lo procesó junto a otros represores por los delitos de "privación ilegal de la libertad doblemente agravada" e "imposición de tormentos" y "allanamiento ilegal".

El ex subcomisario está acusado de haber participado en el secuestro y posterior desaparición del ex diputado del PJ Diego Muñiz Barreto, ocurrida en la zona de Ramallo, así como de los militantes Gastón Gonçalvez, Carlos Souto, José Fernández y Guillermo D'Amico.

Esa resolución fue confirmada hace pocas semanas por la Cámara Federal de San Martín, que además dispuso que Patti continúe detenido en el penal bonaerense de Marcos Paz.

Patti es investigado por la muerte de los dirigentes montoneros Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi, en proximidades de San Nicolás, y por el crimen de José Goncalvez, cuyos restos aparecieron calcinados en la zona de Tigre.

Para los camaristas, "al haber resultado electo en los comicios correspondientes, (Patti) se encontraba habilitado a ejercer el cargo para el que fue investido por el pueblo de la provincia de Buenos Aires".

LOS VOTOS

El rechazo del recurso (decisión que favoreció a Patti) fue firmado por el presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti y los ministros Carlos Fayt, Carmen Argibay y Eugenio Raúl Zaffaroni. En disidencia, firmaron los ministros Enrique Petracchi, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda.