La Corte intervendrá en la demanda de San Luis por el uso de reservas
El alto Tribunal asumió la competencia en el reclamo promovido por esa provincia, por la presunta inconstitucionalidad del decreto que permite pagar parte de la deuda externa con dinero del Banco Central. El Gobierno tiene un plazo de 10 días para responder
| 30 de Diciembre de 2009 | 00:00
La Corte Suprema aceptó hoy intervenir en un recurso de amparo presentado por el Gobierno de San Luis, que reclamo la inconstitucionalidad del decreto de Cristina Kirchner que autorizó a utilizar reservas del Banco Central para pagar parte de la deuda externa.
El alto Tribunal decidió asumir la competencia en el caso tras la demanda promovida por San Luis, que argumentó en el amparo que la decisión se tomó "sin previa autorización y sin reintegrarlo a la masa coparticipable de las provincias".
Así, los jueces de la Corte decidieron habilitar "días y horas inhábiles" de la feria judicial, y dieron un plazo de 10 días al Poder Ejecutivo Nacional para responder la demanda.
La resolución fue firmada por el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y los ministros Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay.
Los jueces coincidieron con el dictamen del Procurador General de la Nación y consideraron que "dada la complejidad y alcances de las cuestiones comprometidas" el Alto Tribunal resolverá el tema tras el receso judicial de enero.
En la demanda promovida por San Luis, también se pidió la inconstitucionalidad de "la resolución del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 419/09 que lo aplica, como así también de la ley nacional 26.563, que prorroga la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2011".
La causa fue iniciada por un amparo presentado el lunes por el gobernador Alberto Rodríguez Saá pidiendo que se declare la inconstitucionalidad del decreto 2010/09 con el que la Presidenta autorizó la creación del Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilidad.
Este fondo estará constituido por 6.569 millones de dólares de las reservas del Banco Central para pagar deuda externa durante el 2010.
Para la Provincia, ese dinero ya había sido debatido por el Congreso en la Ley de Presupuesto y el decreto fue dictado "sin previa autorización" ni había urgencia para hacerlo.
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