Excarcelaciones: objeciones de última hora
| 17 de Marzo de 2010 | 00:00
Representantes de organismos de derechos humanos plantearon ayer nuevas objeciones a los proyectos de seguridad enviados por el gobierno de Daniel Scioli a la Legislatura y advirtieron sobre el peligro de que si se avanza con su sanción, tal como ocurrirá hoy con una de esas iniciativas, se incrementen los índices de detención en el marco de un sistema carcelario "colapsado".
El planteo fue presentado en una reunión que mantuvieron representantes de la Comisión Provincial por la Memoria, el Comité contra la Tortura bonaerense y el Centro de Estudios Legales y Sociales con senadores del oficialismo y la oposición a quienes presentaron además un informe elevado días atrás ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas sobre el estado de las cárceles en la Provincia.
Como representantes del oficialismo, participaron los senadores Guido Carlotto, Marta Helguero, Cristina Fioramonti, Ricardo Bozzano y Roberto Fernández, entre otros.
En el encuentro, los organismos de Derechos Humanos hicieron nuevas críticas a los proyectos de reforma del Código Contravencional y de modificación del Código de Procedimiento Penal para introducir más límites a las excarcelaciones, que la Cámara alta provincial sancionaría hoy con el voto del oficialismo y el visto bueno de los representantes de Unión PRO.
"Planteamos la preocupación de las instituciones en relación a la política de seguridad que se está implementando y esta matriz común que vemos en los proyectos en análisis para alimentar una suerte de demagogia punitiva. En hacer grandes anuncios para reformar leyes penales que se presentan como un remedio contra el delito pero que en rigor no resolverán nada, algo que reconocen incluso algunos legisladores del oficialismo", explicaron ayer desde el Comité contra la Tortura.
"Ellos mismos plantean que el proyecto de excarcelaciones es inocuo y reconocen que no va a traer grandes cambios, un argumento que también presentan los sectores de la oposición que apoyan la iniciativa. Pero nosotros decimos que a pesar de todo dará un mensaje fuerte al Poder Judicial en el sentido de que se deben limitar las excarcelaciones en un sistema donde el 75% de los detenidos está en carácter de prisión preventiva", agregaron.
SEGURA APROBACION
Con todo, y pese a los intentos de última hora, el proyecto de reforma de las excarcelaciones pasará hoy sin mayores inconvenientes por el Senado y será girado a Diputados, de acuerdo a las previsiones que se manejaban ayer en ese cuerpo.
La iniciativa ya tiene dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Constitucionales y, además de los votos del oficialismo, contará con el apoyo de Unión PRO, una bancada crítica a la norma pero que considera "necesario acompañar las iniciativas relacionadas con la seguridad planteada desde el Ejecutivo".
En concreto, la modificación del Código de Procedimiento Penal apunta a endurecer las condiciones bajo las cuales los jueces pueden otorgar excarcelaciones cuando se trate de adultos que usan menores para delinquir o cuando se constate el uso de armas.
Además, crea un registro de reincidencia para que los magistrados sepan con rapidez si el imputado cuenta con otras causas penales y decidan si puede ser excarcelado. Sobre este punto, el oficialismo accedió a los pedidos del Centro de Estudios Legales y Sociales para que sólo sean incluidos en ese registro los condenados, y se excluya a los procesados.
El planteo fue presentado en una reunión que mantuvieron representantes de la Comisión Provincial por la Memoria, el Comité contra la Tortura bonaerense y el Centro de Estudios Legales y Sociales con senadores del oficialismo y la oposición a quienes presentaron además un informe elevado días atrás ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas sobre el estado de las cárceles en la Provincia.
Como representantes del oficialismo, participaron los senadores Guido Carlotto, Marta Helguero, Cristina Fioramonti, Ricardo Bozzano y Roberto Fernández, entre otros.
En el encuentro, los organismos de Derechos Humanos hicieron nuevas críticas a los proyectos de reforma del Código Contravencional y de modificación del Código de Procedimiento Penal para introducir más límites a las excarcelaciones, que la Cámara alta provincial sancionaría hoy con el voto del oficialismo y el visto bueno de los representantes de Unión PRO.
"Planteamos la preocupación de las instituciones en relación a la política de seguridad que se está implementando y esta matriz común que vemos en los proyectos en análisis para alimentar una suerte de demagogia punitiva. En hacer grandes anuncios para reformar leyes penales que se presentan como un remedio contra el delito pero que en rigor no resolverán nada, algo que reconocen incluso algunos legisladores del oficialismo", explicaron ayer desde el Comité contra la Tortura.
"Ellos mismos plantean que el proyecto de excarcelaciones es inocuo y reconocen que no va a traer grandes cambios, un argumento que también presentan los sectores de la oposición que apoyan la iniciativa. Pero nosotros decimos que a pesar de todo dará un mensaje fuerte al Poder Judicial en el sentido de que se deben limitar las excarcelaciones en un sistema donde el 75% de los detenidos está en carácter de prisión preventiva", agregaron.
SEGURA APROBACION
Con todo, y pese a los intentos de última hora, el proyecto de reforma de las excarcelaciones pasará hoy sin mayores inconvenientes por el Senado y será girado a Diputados, de acuerdo a las previsiones que se manejaban ayer en ese cuerpo.
La iniciativa ya tiene dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Constitucionales y, además de los votos del oficialismo, contará con el apoyo de Unión PRO, una bancada crítica a la norma pero que considera "necesario acompañar las iniciativas relacionadas con la seguridad planteada desde el Ejecutivo".
En concreto, la modificación del Código de Procedimiento Penal apunta a endurecer las condiciones bajo las cuales los jueces pueden otorgar excarcelaciones cuando se trate de adultos que usan menores para delinquir o cuando se constate el uso de armas.
Además, crea un registro de reincidencia para que los magistrados sepan con rapidez si el imputado cuenta con otras causas penales y decidan si puede ser excarcelado. Sobre este punto, el oficialismo accedió a los pedidos del Centro de Estudios Legales y Sociales para que sólo sean incluidos en ese registro los condenados, y se excluya a los procesados.
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