Menores: conflicto entre un juez y el gobierno bonaerense
La Provincia fue a la Corte para rechazar un pedido de informes del juez Arias sobre el plan de "Patrullas Juveniles"
| 11 de Septiembre de 2010 | 00:00
El gobierno bonaerense planteó ayer ante la Suprema Corte un conflicto de poderes contra la decisión de un juez platense de pedir informes al Ejecutivo provincial sobre el funcionamiento de un programa de prevención del delito dirigido a los jóvenes.
Mediante este mecanismo, la administración provincial se negó a responder la requisitoria del juez en lo Contencioso Administrativo Luis Federico Arias, quien reclamaba precisiones sobre el plan "Patrullas Juveniles" lanzado hace una semana y que arrancó en una primera etapa en La Plata.
El planteo fue firmado por los ministros de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal y de Desarrollo Social, Baldomero Alvarez de Olivera, quienes habían sido los destinatarios de la requisitoria judicial promovida por el Defensor del Fuero Juvenil, Julián Axat.
Los funcionarios consideraron que el juez Arias carece de competencia para "convalidar o no" la implementación del nuevo programa, "con lo que se asume como portador de potestades propias del Gobernador elegido democráticamente por el voto mayoritario de los ciudadanos bonaerenses".
Además, señalaron que el magistrado "pretende imponerle al Poder Ejecutivo la obligación de brindarle explicaciones sobre un política reservada a su competencia y, como tal, sólo controlable en el marco de un caso que abra regularmente la competencia del Poder Judicial".
Axat, basándose en fallos judiciales firmes que impiden la detención arbitraria de menores en el departamento judicial La Plata para averiguación de antecedentes, alertó acerca de que esa medida "podría ser eventualmente vulnerada" por las "Patrullas Juveniles".
Así, requirió al juez Arias que pidiera al Ejecutivo una serie de informes sobre los alcances del plan oficial como, por ejemplo, datos completos de las personas que conforman dichas unidades "y que capacitación que acreditan en la materia".
Arias dio curso al pedido y dictó una resolución, pero el gobierno bonaerense se negó a proporcionar esa información alegando que el juez Arias "carece de la competencia especial que la materia requiere", por lo que planteó un "conflicto de poderes" que se tramitará ante la Suprema Corte.
SIN ARRESTO
En el marco de la apelación, los ministros de Justicia y Seguridad y Desarrollo Social explicaron que el programa lanzado la semana pasada por la Provincia cuenta con cuatro móviles para la "prevención y asistencia juvenil" en La Plata y que no utiliza mecanismos de aprehensión o arresto, sino otros métodos para para abordar situaciones de conflicto entre jóvenes que impliquen riesgos para sí o para terceros.
En ese marco, aclararon que los funcionarios policiales se encuentran capacitados para el trato con niños y adolescentes, sólo tomando intervención en la medida de lo necesario, teniendo actuación preponderante el operador del ministerio de Desarrollo Social.
En ese marco, la Provincia notificó al juez Arias que recurrió ante la Corte el fallo que le impide a la Policía la detención bajo figuras como "averiguación de antecedentes" o "merodeo", es decir sin que exista un delito, y que fue ratificado por la Cámara de Apelaciones.
Mediante este mecanismo, la administración provincial se negó a responder la requisitoria del juez en lo Contencioso Administrativo Luis Federico Arias, quien reclamaba precisiones sobre el plan "Patrullas Juveniles" lanzado hace una semana y que arrancó en una primera etapa en La Plata.
El planteo fue firmado por los ministros de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal y de Desarrollo Social, Baldomero Alvarez de Olivera, quienes habían sido los destinatarios de la requisitoria judicial promovida por el Defensor del Fuero Juvenil, Julián Axat.
Los funcionarios consideraron que el juez Arias carece de competencia para "convalidar o no" la implementación del nuevo programa, "con lo que se asume como portador de potestades propias del Gobernador elegido democráticamente por el voto mayoritario de los ciudadanos bonaerenses".
Además, señalaron que el magistrado "pretende imponerle al Poder Ejecutivo la obligación de brindarle explicaciones sobre un política reservada a su competencia y, como tal, sólo controlable en el marco de un caso que abra regularmente la competencia del Poder Judicial".
Axat, basándose en fallos judiciales firmes que impiden la detención arbitraria de menores en el departamento judicial La Plata para averiguación de antecedentes, alertó acerca de que esa medida "podría ser eventualmente vulnerada" por las "Patrullas Juveniles".
Así, requirió al juez Arias que pidiera al Ejecutivo una serie de informes sobre los alcances del plan oficial como, por ejemplo, datos completos de las personas que conforman dichas unidades "y que capacitación que acreditan en la materia".
Arias dio curso al pedido y dictó una resolución, pero el gobierno bonaerense se negó a proporcionar esa información alegando que el juez Arias "carece de la competencia especial que la materia requiere", por lo que planteó un "conflicto de poderes" que se tramitará ante la Suprema Corte.
SIN ARRESTO
En el marco de la apelación, los ministros de Justicia y Seguridad y Desarrollo Social explicaron que el programa lanzado la semana pasada por la Provincia cuenta con cuatro móviles para la "prevención y asistencia juvenil" en La Plata y que no utiliza mecanismos de aprehensión o arresto, sino otros métodos para para abordar situaciones de conflicto entre jóvenes que impliquen riesgos para sí o para terceros.
En ese marco, aclararon que los funcionarios policiales se encuentran capacitados para el trato con niños y adolescentes, sólo tomando intervención en la medida de lo necesario, teniendo actuación preponderante el operador del ministerio de Desarrollo Social.
En ese marco, la Provincia notificó al juez Arias que recurrió ante la Corte el fallo que le impide a la Policía la detención bajo figuras como "averiguación de antecedentes" o "merodeo", es decir sin que exista un delito, y que fue ratificado por la Cámara de Apelaciones.
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