Villa Elisa otra vez en guardia por la traza de una nueva autopista

La frontera platense del Parque Pereyra volvió a quedar en el centro de la escena. Un fallo de la Corte Suprema nacional abrió las puertas a Vialidad para que retome las obras de la Autopista Perón en las inmediaciones del principal pulmón forestal del Conurbano, y los vecinos de Villa Elisa se constituyeron en “estado de alerta y movilización” ante lo que consideran luz verde para generar una “catástrofe ambiental irreparable”.

A fines del mes pasado, el máximo tribunal del país decidió dejar sin efecto un recurso de amparo concedido por la justicia federal de Quilmes y avalado por la Cámara Federal de Apelaciones platense, que condicionaba la construcción del “Tramo IV” de la obra vial a la desafección del proyecto de las áreas aledañas o componentes de la Reserva de Biosfera Parque Pereyra Iraola.

Los vecinos de la zona, junto con varias organizaciones que desde hace tres años presentan batalla en las calles y los estrados judiciales para evitar que los terraplenes, el hormigón y el asfalto reemplacen al verde en dos de las trazas propuestas por Vialidad -una con eje en la calle 403 y otra por dentro del parque- consideran que el fallo de la Corte es “un atropello a la legislación ambiental actual en nuestro país y en cualquier lugar del mundo”, y que “refleja un gran desconocimiento”.

“El paso de la autopista Perón sería el principio del fin del espacio verde” expresaron en un duro documento la Asamblea de Reserva de Biosfera del Parque Pereyra Iraola, el Foro del Parque Pereyra Iraola, el Foro del Río de la Plata y los Vecinos Autoconvocados de Villa Elisa: “darle vía libre pareciera estar vinculado con otras negociaciones de público conocimiento en la que se juegan otras cuestiones, si no, no se entiende; nos hemos cansado de proponer alternativas y sólo nos oponemos a la construcción del “Tramo IV”.

Lo cierto es que la Corte, con el voto mayoritario de los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni, y las disidencias de Carlos Fayt y Carmen Argibay, evaluó que correspondía “revocar la medida cautelar”, en virtud de que paralizaba “una obra pública de gran magnitud que ya fue objeto de adjudicación”, poniendo en riesgo su ejecución “en perjuicio de millones de usuarios”, y de que “las autoridades públicas han manifestado que realizarán los estudios de impacto ambiental pertinentes y obtendrán su aprobación por parte de las autoridades competentes”.

También aclaró que esto no implicaba “abrir juicio acerca de la solución final que corresponda dar al caso”.

Para los autoconvocados, que se reunirán el próximo sábado a las 16 en camino Centenario y 403 con el objetivo de evaluar los pasos a seguir, el fallo “se basa en una licitación se llevó a cabo irregularmente, y fue previa a la audiencia pública obligatoria para estos trámites”.

A inicios de junio pasado, la Procuración General de la Nación había remitido a la Corte un escrito firmado por su titular, Alejandra Gils Carbó, en el que cuestionaba lo actuado por diferentes magistrados, y sugería revisar sus fallos, argumentando, precisamente, que estaba “en riesgo” una “obra pública que beneficiará a trece millones de personas”.

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