Padres a la Justicia para defender las cámaras en la escuela

Padres de alumnos de la Escuela Primaria N° 58 de Meridiano V apelaron la medida cautelar dictada por el Juez Luis Arias que obligó al Consejo Escolar a suspender “hasta que se dicte sentencia” definitiva el funcionamiento de las cámaras de seguridad que ese cuerpo instaló en el establecimiento educativo ante la seguidilla de robos y actos de vandalismo que sufrió.

Arias dictó la medida cautelar a partir de un pedido del Defensor Oficial del Fuero Penal Juvenil platense, Julián Axat della Croce, y en los considerandos del fallo destaca que el defensor oficial sostiene que “la utilización de dichos dispositivos fílmicos contrarían lo resuelto por este juzgado en la causa 24.511 (del 2011) donde se resolvió, en sentencia que se encuentra firme, ordenar a la Municipalidad de La Plata que se abstenga de permitir y/o proveer la instalación de todo dispositivo de registro-video que posibilite la vigilancia de niños y adolescentes que concurren a las escuelas de la Ciudad”.

Las 4 cámaras de seguridad, que se encendían fuera del horario escolar, dejaron de funcionar. Pero la comunidad educativa no se quedó de brazos cruzados. Fue así que padres de alumnos apelaron la cautelar de Arias, y hasta se reservaron el derecho de acudir a la Corte Suprema si no se hace lugar a su petición.

En carácter de coadyuvantes del Consejo Escolar (personas que intervienen en un proceso acompañando la pretensión de una de las partes), los padres de la Primaria de 18 y 71 realizaron la presentación ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo “en representación de nuestros hijos menores de edad”.

En un extenso escrito, los apelantes expresan que la disposición 219/13 del Consejo -que en su momento decidió la instalación de las cámaras- es una medida “enteramente de tipo preventivo y no represivo como sostiene el accionante (Axat della Croce) e interpreta el Juzgador (Arias). Y menos aún de una medida orientada a ejercer cualquier tipo de control o vigilancia sobre los alumnos (sus propios hijos)”.

DESCONECTADA DE LA REALIDAD

“En consecuencia -continúan- no existe ningún tipo de ‘injerencia arbitraria’ en la esfera íntima de ningún niño, niña o adolescente ni afectación de los derechos que los asisten (...) La resolución atacada peca de dogmatismo fútil y abstracción, encontrándose palmaria y diáfanamente desconectada con la realidad de los hechos”, apuntan, luego de presentar ingente prueba acerca de los daños que padeció la escuela por los ataques vandálicos.

El edificio de 18 y 71, donde funcionan la Primaria 58 y la Secundaria 44, fue atacado en forma reiterada. El 11 de octubre, luego de sufrir el segundo robo acompañado de destrozos en una semana, la comunidad educativa en pleno salió a la calle y realizó una ruidosa protesta.

Encabezados por la directora de la Primaria, Amalia Camilletti, padres, maestras, auxiliares y alumnos se expresaron en la esquina de 19 y 71 con pancartas y cacerolas. Es que el establecimiento no contaba con medidas de seguridad -hasta debieron quitar la alarma por falta de fondos para costear su mantenimiento- y sus miembros denunciaron que “estaban totalmente indefensos”.

La prosecretaria Mabel Kualina expresó en ese momento que “luego del robo anterior sentimos mucha tristeza. Hoy tenemos bronca, porque no vemos una solución”. Entonces les pusieron cámaras. La Justicia se las apagó para ‘cuidar la intimidad de los niños’. Ahora sus padres apelaron esa medida.

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