Inhibición de bienes: la mira sobre varios piqueteros

El juez federal Sebastián Casanello dispuso ayer preventivamente la inhibición de bienes de los investigados por presuntas irregularidades en la administración de planes sociales y comedores populares.

Se trata de una medida provisoria, adoptada a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, después de que la Cámara Federal ordenara que se realizaran los allanamientos de las últimas horas.

Casanello dispuso, además, concretar una medida de prueba que ya había dispuesto previo a que la Cámara dispusiera los allanamientos: le pidió informes al Instituto Nacional del Asociativismo y Economía Social (INAES) sobre el control que ejerce respecto de los fondos y alimentos enviados a las organizaciones.

La medida involucra a 28 personas y comedores que dependen de cooperativas administrados por el Polo Obrero, Barrios de Pie y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).

Entre los inhibidos aparece Jeremías Cantero, sobre quien el gobierno de Javier Milei apuntó especialmente como supuesto responsable de las defraudaciones y presiones a beneficiarios de planes sociales para que concurrieran a movilizaciones.

Un cuaderno que describía el modus operandi piquetero

En los 28 procedimientos a domicilios, sedes de organizaciones sociales y comedores del Polo Obrero, Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), las tres organizaciones que están siendo investigadas, la Policía secuestró un cuaderno que puede ser un elemento clave en la investigación.

En un primer análisis que se hizo de ese material, se encontraron inscripciones manuscritas con listados con presencias en manifestaciones y entrega de mercadería a comedores. Los listados tienen nombres de personas.

Esa información iría en línea con las conversaciones de WhatsApp que las víctimas presentaron en la justicia: que para mantener el plan social había que asistir a las marchas, que se tomaban listas y que quienes no iban pasaban a la categoría de “castigados”, que podía implicar perder el plan, pagar una multa y no recibir la comida que de manera gratuita entregaba el gobierno nacional.

Ese cuaderno forma parte de distintos elementos que fueron secuestrados. Hay más anotaciones y documentación, además de teléfonos celulares y otros elementos tecnológicos que serán peritados. El juez federal Sebastián Casanello ya ordenó que en cinco días se haga la extracción de toda la información de los teléfonos celulares.

Con la documentación analizada y la información de los celulares obtenidas en los tribunales creen que se podrá avanzar en citaciones a indagatoria si las pruebas obtenidas así lo marcan.

Los 27 imputados en el expediente son piqueteros y punteros de tercer nivel en la estructura de las tres organizaciones investigadas por la Justicia. Hasta ahora no involucra a los principales líderes piqueteros.

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