Los detuvieron en allanamiento a un prostíbulo y podrían ir a juicio oral

Cinco hombres de entre 21 y 52 años quedaron procesados por "infracción a la ley de profilaxis y enfermedades venéreas" tras un procedimiento llevado a cabo en Gonnet hace más de un año. Podrían llegar a debate si el juez Mateos avala el pedido del fiscal Cartasegna

Cinco personas que hace poco más de un año fueron detenidas en un allanamiento a un prostíbulo de la localidad de Gonnet podrían enfrentar en los próximos meses un juicio oral, si prospera el pedido formulado por el titular de la fiscalía que instruye causas vinculadas con delitos conexos a la trata de personas.

El procedimiento que terminó con cinco personas imputadas se concretó el 7 de septiembre de 2012, cuando -encabezados por el fiscal Fernando Cartasegna- policías y funcionarios judiciales rescataron a las mujeres que ejercían la prostitución en el local “Yacaré bar”, ubicado en Camino Centenario entre 505 y 506, según figura en el expediente.

En ese momento fueron detenidos cinco hombres de entre 21 y 52 años, quienes recuperaron la libertad una vez que terminaron las indagatorias.

No obstante, quedaron procesados por “Infracción a la ley 12331 de profilaxis y enfermedades venéreas en los términos de los artículos 15 y 17”, que establece: “Los que sostengan, administren o regenteen, ostensible o encubiertamente casas de tolerancia, serán castigados con una multa de mil pesos moneda nacional. En caso de reincidencia sufrirán prisión de uno a tres años, la que no podrá aplicarse en calidad de condicional. Si fuesen ciudadanos por naturalización, la pena tendrá la accesoria de pérdida de la carta de ciudadanía y expulsión del país una vez cumplida la condena; expulsión que se aplicará, asimismo, si el penado fuese extranjero”.

Con estos cargos podrían llegar a debate, en caso de que el juez Fernando Mateos avale el planteo de Cartasegna.

Según se desprende del requerimiento judicial, uno de los acusados “desempeñaba el rol de custodia del lugar”, mientras que otro “se encargaba de la venta de entradas y control de ingreso al local” y un tercero era el “propietario”. Siguiendo esta línea argumental, el cuarto hacía las veces de “regente y (era) quien retenía parte del dinero que debían percibir las trabajadoras sexuales”, mientras que el quinto oficiaba como “colaborador de este último”.

Según el acta de procedimiento, en el local se detectó “falta de aseo del lugar, boxes ocultos en un entrepiso cerrado con cortinados destinados al intercambio de sexo por dinero, en un estado de absoluta falta de aseo, higiene y sanidad”.

Tras el procedimiento fueron secuestrados gran cantidad de preservativos, tickets de “pases”, libros de contabilidad en el que se detallaban los nombres, valores y características del servicio prestado por las mujeres que se encontraban en el lugar, juguetes sexuales, ropa íntima femenina y dinero.

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