Necesidad de adoptar medidas que resulten eficaces para frenar la ola de secuestros virtuales

El renovado auge de los llamados secuestros virtuales –que en buena parte de los casos aún se concretan desde llamados telefónicos efectuados desde las cárceles, aún cuando en la actualidad se sabe que, cada vez, son más las llamadas realizadas también por personas que no se encuentran detenidas- exige urgentes medidas que apunten a frenar esta inquietante modalidad delictiva.

Cuando parecía que este fenómeno había cedido, en el último mes y en especial en el territorio bonaerense las noticias sobre los llamados extorsivos volvieron a hacerse cada vez más asiduas. Hubo un dato tan coincidente como alarmante: en nuestra ciudad, a fines del mes pasado y en Olivos hace unos días se concretaron cinco secuestros virtuales en una sola jornada. Aunque, afortunadamente, en casi ninguno de los casos los vecinos cayeron en la trampa que le tendían los delincuentes.

Se conoce que la metodología que usan los delincuentes para intentar capturar a sus víctimas y pedir luego rescate por ellas consiste en llamar a los familiares directos de las víctimas, habitualmente en horas de la madrugada, haciéndoles escuchar la voz de quien se hace pasar por el supuesto secuestrado quien les pide dinero para que sus captores lo dejen libres. Se ultiman allí los detalles de la entrega del rescate y, a poco de que este se concreta, quienes pagaron advierten que fueron engañados ya que el presunto secuestrado se encontraba en perfectas condiciones e ignorante de todo lo que había ocurrido.

En principio, en el caso de que las llamadas se sigan realizando desde las cárceles, deben adoptarse medidas concretas para ejercer un mayor control sobre las llamadas que efectúan los internos. En ese sentido, algunos anuncios que se han realizado -como el referido a la colocación de cámaras de video frente a los teléfonos- deberían concretarse y perfeccionarse, si es que efectivamente sirven y son aceptables legal y técnicamente para enfrentar el problema.

Hace ya tiempo se adoptó un recaudo que es razonable: el de obligar a las compañías telefónicas a advertir al receptor de un llamado desde una cárcel sobre el origen de la comunicación. Esa medida permite que el receptor filtre de algún modo los llamados. Pero no es suficiente para abortar la modalidad delictiva de los secuestros virtuales, facilitada además por la existencia de la telefonía celular.

A rasgos generales correspondería señalar lo paradojal que resulta que, mientras en nuestro país se avanzó en la incorporación a los textos constitucionales y legales de normas que -como el hábeas data- apuntan a la protección de los datos personales, en la práctica cualquier habitante puede tener libre acceso a gran cantidad de datos sobre las demás personas, figurando entre éstos deudas bancarias, situación financiera o cuestiones judiciales pendientes. Sin duda que todo ello constituye un campo fértil para quien quiera hacer un mal uso de esa información.

Lo cierto es que la aparición de nuevas formas de delito obliga a actuar con rapidez y creatividad para frenarlas. El de los secuestros virtuales es uno de esos casos. Ya la población se ve cotidianamente obligada a enfrentar a una delincuencia callejera que no le da respiro y, ahora, también debe velar para no resultar víctima de un delito que ingresa a su casa por la vía de los teléfonos. Es imperioso, entonces, que se monten desde el Estado políticas preventivas y represivas de este peligroso accionar delictivo.