El Congreso debatirá reforma de la Inteligencia desde la semana próxima

La reforma del aparato de inteligencia estatal, anunciada ayer por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en medio del escándalo político por la muerte del fiscal Alberto Nisman, comenzará a ser debatida en el Congreso de la Nación la semana próxima, confirmaron hoy fuentes oficiales.

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, defendió hoy como "un avance cualitativo" para el país el proyecto de ley que busca disolver la Secretaría de Inteligencia y crear en su lugar una Agencia Federal de Inteligencia.

Capitanich adelantó que la iniciativa K será tratada en sesiones extraordinarias en el Parlamento "desde febrero".

"La creación de una nueva agencia implicará un nuevo enfoque de la inteligencia desde el punto de vista de su organización", dijo Capitanich en su conferencia de prensa de esta mañana.

El nuevo organismo tendrá como objetivo obtener y analizar información sobre amenazas terroristas internacionales, narcotráfico, trata de personas y ciberdelitos con el fin de garantizar "la seguridad y la integridad" de los argentinos, sostuvo.

La ley prevé que la Agencia Federal de Inteligencia deje de tener control sobre el sistema judicial de escuchas, que pasarán a depender del Ministerio Público Fiscal, a cargo de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien es referente de la agrupación K Justicia Legítima.

Desde la oposición apuntaron contra Gils Carbó por "seguir los designios del gobierno" y no ser "una fiscal independiente", como dijo el senador y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Ernesto Sanz.

Capitanich anticipó que el director y subdirector del organismo serán elegidos por mayoría simple en el Senado por un plazo de cuatro años.

"Decir por qué se hace ahora y no antes (la reforma) es lo mismo que decir que decir por qué la Revolución de Mayo se produjo el 25 de mayo de 1810 y no el 25 de mayo de 1809", dijo el jefe de ministros en réplica a quienes ven la reforma como un intento de desviar la atención sobre el caso Nisman.

"Hay un conjunto de circunstancias políticas a los efectos de tomar una decisión estratégica. Es una deuda pendiente de la democracia", expresó Capitanich