Nuevo intento para cumplir algo elemental: 190 días de clases en las escuelas

Frente a cada ciclo escolar que concluye en nuestro país, comienzan a hacerse públicas distintas conclusiones referidas al sistema educativo, especialmente en lo que concierne a las muchas jornadas de clases que se pierden a lo largo del año en los distintos niveles y jurisdicciones, en una situación que no pudo ser revertida y que, a la vez, no deja de causar justificada preocupación a la sociedad por las consecuencias negativas que de ella se derivan.

En este sentido es ponderable que, tal como se informó en este diario, los ministros de Educación de todo el país hayan aprobado en forma unánime, en el seno del Consejo Federal, fijar el 29 de febrero como fecha de inicio de clases en 2016 y el 16 de diciembre como fecha de finalización del próximo ciclo lectivo. De ese modo, sostuvieron, se garantizarán los 190 días lectivos que contempla la reglamentación vigente.

El actual ministro del área consideró como positivo que las fechas se hayan acordado entre las autoridades educativas de 24 jurisdicciones del territorio nacional, incluyendo a la de la cartera educativa porteña, cuyo titular será su inminente sucesor en el Palacio Sarmiento. Ambos funcionarios coincidieron en señalar que se la meta fijada, es decir, la de 190 días hábiles en las escuelas, es similar a la que rige en otros países de la región.

En esta columna, en los últimos años, se vino exhortando en forma insistente, tanto a las autoridades educativas como al sector docente a que se extremaran esfuerzos para reducir en forma drástica los días sin clases, de modo de permitir en forma regular el ingreso de los alumnos para que se instruyan normalmente en las aulas.

Con respecto al pedido que se formuló a las autoridades, no incluía sólo una exhortación para que se superaran las situaciones conflictivas que suelen plantearse con el sector docente, sea por cuestiones salariales o de otra índole laboral, sino también para que se redujeran al mínimo necesario los días sin clases, ya sea restringiendo el muy permisivo criterio que rigió para la fijación de feriados como para la determinación de jornadas no laborables por otros motivos.

En cuanto a las reivindicaciones que suele esgrimir el sector docente -especialmente aquellas que tienen que ver con una eventual recomposición de los salarios, sin perjuicio de otras que puedan invocarse- se requirió, y esto vale ahora para el futuro ciclo lectivo, que más allá de la justicia y consistencia que pueda sustentar a tales requerimientos, nada impide que, con similar firmeza, esas mismas demandas pudieran sostenerse sin necesidad de dejar inactivos a millones de alumnos, a quienes se los priva objetivamente de un derecho tan básico como es el de aprender.

Si bien se ha elogiado aquí la decisión de todos los ministros de Educación, no es la primera vez que desde la órbita oficial, en ocasiones anteriores, se han fijado metas y formulado anhelos semejantes, en el sentido de cumplir con un piso ideal de días de clases. Sin embargo, muy pocas veces y en escasos distritos del país se pasó del plano declarativo y se alcanzó a cumplir con ese propósito. Está claro, entonces, que garantizar la continuidad del servicio escolar debe seguir siendo una preocupación prioritaria. Salvando los derechos de cada uno, lo que resulta inadmisible es que, año tras año, se sigan perdiendo días de clases.