El Gobierno acusa a Nisman de buscar "un efecto político desestabilizador"

El Gobierno volvió a defender el  fallo del juez federal Daniel Rafecas que desestimó la  investigación judicial del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la  presidenta Cristina Kirchner y advirtió que la denuncia por encubrimiento  a Irán en el atentado a la AMIA buscó "generar un efecto político  desestabilizador".

En una solicitada publicada hoy en los principales periódicos  porteños, titulada "Compromiso, Verdad y Justicia", alertó sobre  "la gravedad institucional y política de la denuncia" promovida por  Nisman y luego sostenida por Gerardo Pollicita, a la vez que  defendió el memorándum de entendimiento con Irán.

"Desestimada la denuncia, queda preguntarse qué objetivos  perseguía el fiscal Nisman con su denuncia plagada de contradicciones,  carencia lógica y sustento jurídico. ¿Puede pensarse una  hipótesis diferente que no sea la de buscar un efecto político  desestabilizador?", se preguntó en el texto, donde reproduce los argumentos  de Rafecas para rechazar la imputación.

El artículo, firmado por el "Gobierno de la República  Argentina", hace hincapié en los "documentos hasta ahora desconocidos" de  Nisman que Rafecas citó en su fallo. "¿De qué dependía la opción de impulsar una estrategia  conjunta con el Poder Ejecutivo ante las Naciones Unidas o de denunciar a  la Presidenta de encubrimiento? Las respuestas a estas preguntas  no tienen la virtud de buscar la verdad y menos aún de garantizar  la justicia a las víctimas y sus familiares", indicó.

Asimismo, remarcó que "en este contexto, sólo es posible  ratificar el camino trazado por el Poder Ejecutivo y el Congreso  Nacional a través del memorándum de entendimiento, una herramienta que  permitiría interrogar a los ciudadanos iraníes acusados, y a partir  de allí, llevar el caso hacia un juicio oral y público".

Al respecto, acotó que "esa situación pondría al Estado  argentino en un mejor contexto frente a Irán y la comunidad  internacional para exigir la extradición o al menos para negociar la  realización del juicio oral en un tercer estado". "Es menester hacer un llamado a la sociedad argentina y a la  comunidad internacional a escuchar a las víctimas del atentado y  sus familiares, a quienes todos dicen representar, pero pocos  realmente prestan atención", sostuvo la nota.

En ese sentido, pidió "acompañar el juicio oral que se llevará  adelante por el verdadero encubrimiento del atentado, en el que  están acusados un ex presidente (por Carlos Menem), su jefe de la  Secretaría de Inteligencia (por Hugo Anzorreguy), el juez de la  causa (por Juan José Galeano), los fiscales, un alto jefe policial,  entre otros funcionarios públicos de alta jerarquía".

"Un juicio que no implica solamente a altos funcionarios del  Poder Ejecutivo de aquellos tiempos, sino que también pone bajo la  lupa al sistema de justicia penal federal", arremetió, al aludir  al proceso que tendrá lugar en la segunda mitad de 2015.

En el final de la solicitada, el Gobierno señaló que el  atentado a la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994 con un resultado de  85 muertos y centenares de heridos, "constituye uno de los  crímenes más dolorosos de nuestra historia reciente".

"Tal como ha quedado plasmado en cada uno de los hechos y  políticas impulsadas por el Estado Nacional, se reafirma el compromiso  del Gobierno en la búsqueda de verdad y justicia", concluyó.