Avanza la reforma que pone límite al poder de Gils Carbó

La coalición oficialista Cambiemos logró ayer en la Cámara de Diputados que se emita dictamen de comisión a favor del proyecto para modificar la ley que rige el Ministerio Público Fiscal, iniciativa impulsada por el Ejecutivo con la intención de remover a la procuradora Alejandra Gils Carbó.

La propuesta que fue debatida en un plenario de las comisiones de Justicia, de Legislación Penal y de Presupuesto y Hacienda limita a cinco años el mandato del procurador general y dispone que la remoción de la actual titular del Ministerio Público se resuelva por la comisión bicameral parlamentaria.

El kirchnerismo y la izquierda rechazaron el despacho propuesto por el interbloque Cambiemos, en tanto, que el bloque Peronista expresó un acuerdo general pero propuso nuevas modificaciones puntuales.

El presidente de la comisión de Justicia, Diego Mestre (UCR- Cambiemos) confirmó al inicio de la reunión que se le habían practicado “muchas modificaciones” al proyecto original, especialmente al haber eliminado la figura de “subprocuradores” que creaba, con el fin de licuar facultades del Procurador General.

A su vez, Mestre precisó que “se le dieron muchas funciones a la comisión bicameral de seguimiento y control del Ministerio Público Fiscal” la que “va a tener participación en cuanto a los traslados, la conformación de los distintos fiscales, la creación de fiscalías y unidades especiales” y cuyos dictámenes tendrán “sanción ficta” si no se expide.

En otro orden, el diputado cordobés apuntó que respecto de la remoción del Procurador el proyecto original contemplaba “que se iniciara por decreto del Poder Ejecutivo” pero esto se eliminó y se dispuso que será “por oficio, a requerimiento de la bicameral de control o por impulso de cualquier interesado”.

En el dictamen propuesto por Cambiemos “se extendió de cuatro a cinco años con posibilidad de tener una reelección en la medida que obtenga un acuerdo” el mandato del Procurador fiscal y se le devolvieron facultades plenas de conducción del ministerio y el diseño de la política criminal”.

La massista Graciela Camaño reclamó “una procuración más allá de un procurador o una procuradora que vaya en defensa de los intereses de la sociedad y no en función del partido político que lo puso”.

En este contexto, la legisladora, que preside la bicameral de seguimiento y control del Ministerio Público, envió un mensaje a Gil Carbó al expresar que “nadie se apropie del poder in eternum” y remarcar que “es legítimo” que el presidente intente coordinar la política criminar con la procuradora.

El bloque del Frente para la Victoria volvió a protestar por el interés manifestado por el oficialismo de remover a Alejandra Gils Carbó, actual procuradora general, políticamente cuestionada por haber sido nombrada por el anterior gobierno, a la que se la señala afín.

Tanto María Emilia Soria como Rodolfo Tailhade (FPV-PJ) hablaron de “animosidad” contra Gils Carbó y señalaron que el dictamen propuesto por la mayoría del oficialismo se explicita desde qué momento se empezará a aplicar el plazo al cargo que actualmente ejerce procuradora.

Soria sostuvo que “sin lugar a dudas cinco años consideramos que es un plazo insuficiente para llevar adelante la política criminal y ejecución del Ministerio” y recordó que el bloque proponía que el mandato fuera de siete años.

“Se intenta avanzar en el desplazamiento de Gils Carbó ante el fracaso de lograr su renuncia”, manifestó Soria, quien advirtió que su bloque “no se va a dejar engañar por espejitos de colores”.

Del peronismo disidente, Pablo Kosiner (Bloque Peronista) advirtió que “sería una mala señal hacer este debate en el marco de un deseo del gobierno de desplazar a la actual Procuradora”.