Carrió vuelve al ruedo y agita de nuevo la interna del oficialismo

Por MARIANO SPEZZAPRIA

Carrió lo hizo de nuevo. Todavía no reapareció en público tras la angioplastía a la que fue sometida tres semanas atrás y ya hizo sacudir la interna oficialista al cuestionar el acuerdo que los diputados del PRO y de la UCR alcanzaron con el massismo para reformar la Ley de Ministerio Fiscal y acortar el mandato de la procuradora Alejandra Gils Carbó, en línea con la pretensión del presidente Macri.

La jefa de la Coalición Cívica avisó, por medio de voceros, que hará una “observación” al dictamen de mayoría que establece la reforma y que será tratado mañana en el recinto de la Cámara baja, aunque sus cuestionamientos y sobre todo los que emitieron jueces y fiscales llevarán con certeza a la introducción de cambios en el texto acordado, para evitar que se lo declare inconstitucional.

RELANZAMIENTO DE CAMBIEMOS

La postura de Carrió agitó a la alianza gubernamental justo en la previa del relanzamiento de la mesa nacional de Cambiemos, que tendrá lugar hoy en la ciudad de Buenos Aires. Ese acto había sido suspendido a raíz de los problemas de salud que tuvo Carrió, ya que Macri entendió que la silla vacía de “Lilita” no facilitaba la imagen de unidad que necesita dar a un año de gobierno.

Aunque los cortocircuitos en el oficialismo no son potestad de Carrió, sino que también están a la orden del día entre el macrismo y la UCR.

Los diputados radicales abortaron la semana pasada una jugada del PRO para ampliar el número de bancas en la Cámara baja. Y le echaron en cara a sus colegas su tendencia a acordar con el Frente Renovador y el justicialismo no K antes que con sus propios socios políticos.

En lenguaje político, el mensaje de la UCR al PRO podría resumirse de este modo: “Preocúpense también por nosotros porque no van a tener quórum si arreglan solamente con las otras fuerzas”.

El comentario circuló ayer por los despachos del Congreso y llegó a oídos de la Casa Rosada, pudo saber EL DIA.

Allí, Macri fue anoticiado por la propia Carrió de que no apoya la reforma de la Ley de Ministerio Público Fiscal.

De todos modos, la Coalición Cívica cuenta con sólo cuatro diputados, incluida “Lilita”, y por eso no está en condiciones de incidir en la votación de mañana.

Menos aún, de promover el juicio político contra Gils Carbó, como pretende Carrió, porque el oficialismo no tiene en el Senado los dos tercios de los votos necesarios para aprobar esa iniciativa, que requiere de mayoría calificada.

CAMBIOS

No obstante, la advertencia política de Carrió más el fuerte pronunciamiento de los fiscales y de la Asociación de Magistrados obligó a la diputada massista Graciela Camaño a anunciar que se harán cambios al proyecto en pleno recinto, pese a que se trata de una iniciativa que viene siendo negociada desde hace más de cinco meses, con participación del propio Macri y de Sergio Massa.

Pero la comisión bicameral de seguimiento de la reforma a la Ley del Ministerio Público Fiscal, que presidirá la propia Camaño, quedaría con tanto poder de veto ante un órgano independiente que la Justicia podría declarar la inconstitucionalidad de la norma por entender que existiría una “intromisión” del Congreso en asuntos que no son de su injerencia originaria. Esa es justamente la tesis que esgrime Carrió.

Una parte del radicalismo también adscribe a ese razonamiento y le agrega un condimento histórico: fue Raúl Alfonsín quien negoció con Carlos Menem la reforma constitucional de 1994 que derivó en la creación del Ministerio Fiscal fuera del ámbito de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Y lo hizo para que el presidente de turno tuviera contrapesos y no controlara todos los resortes del Estado.

Aunque 18 años después de aquella reforma, Cristina Kirchner logró que el Senado aprobara el pliego de Gils Carbó, lo que derivó en la partidización del Ministerio Público Fiscal y en un intento por extenderla al Poder Judicial a través de la agrupación Justicia Legítima.

La procuradora juró en 2012 y ahora los diputados buscan que el mandato del cargo sea de cinco años. Ergo, que caduque el año que viene.