Una demanda que interpela a los poderes del Estado

Twitter: @mnspezzapria

Un reclamo profundo, surgido de las entrañas de la sociedad, saldrá a la superficie esta semana para interpelar a gobernantes, dirigentes políticos y miembros del poder judicial. Se trata de una demanda insatisfecha que la democracia argentina arrastra como una deuda y que provoca impotencia entre los ciudadanos que en forma cotidiana padecen el flagelo de la inseguridad.

La angustia colectiva se cristalizará el martes en una marcha sobre las puertas del Congreso, bajo el lema “Para que no te pase”, pero que ya se viene expresando en distintos puntos del país –con foco en las castigadas provincias de Buenos Aires y Santa Fe- ante la proliferación de hechos delictivos y de sangre derramada a la sombra del narcotráfico y la corrupción estatal.

Las fuerzas de seguridad son percibidas, en este escenario, como parte del problema y no de la solución. Los gobiernos nacional y bonaerense acaban de reconocerlo al anunciar el regreso de agentes federales al Conurbano, La Plata y Mar del Plata, en momentos en que la gobernadora Vidal trata de poner en caja –con marchas y también contramarchas- a la Policía bonaerense.

Las diferencias entre la mandataria provincial y la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, saltaron a la vista y sólo fueron zanjadas por la intervención personal del presidente Macri. La reunión del martes pasado en la Casa Rosada terminó siendo resolutiva, pero las damas se vienen pasando facturas desde hace rato, lo que retaceó el diálogo y la coordinación de la seguridad.

Bullrich sostiene que, tal como prometió Cambiemos en la pasada campaña electoral, las fuerzas federales deben concentrarse en sus funciones específicas: la Gendarmería al cuidado de las fronteras y las rutas nacionales, la Prefectura en los ríos y la costa marítima y la PSA en las terminales áreas. En ese esquema tradicional, sólo la Policía Federal puede ser reconvertida.

De hecho, la proyectada unificación de la PF con la Policía Metropolitana en la ciudad de Buenos Aires podría dejar un remanente de varios miles de agentes para conformar una suerte de FBI argentino, dedicado a los delitos complejos de jurisdicción federal como el narcotráfico, la trata de personas y los secuestros extorsivos. Pero ante la crisis recurrente, suele aflorar la improvisación.

De otro modo no puede catalogarse que policías federales patrullen el Conurbano en autos de civil, con lo que representa en la historia argentina, sin tener además conocimiento específico del territorio. Pero el diagnóstico de la alianza gobernante parece claro: el brote de inseguridad se debe a la reacción de sectores corruptos de las fuerzas de seguridad, sobre todo de la Bonaerense.

Pero los especialistas llaman la atención sobre otros factores determinantes de la problemática y se preguntan: ¿Si la Policía recauda, lo hace para sí misma o lo reparte con dirigentes políticos y empresarios? En ese punto son ilustrativas las recientes detenciones de “banqueros” del juego clandestino. Y también los allanamientos en fastuosas propiedades de countries bonaerenses.

En este contexto, el ciudadano común está indefenso. No es una sensación, sino un hecho comprobado en la realidad de los barrios. Para colmo, los familiares de las víctimas son discriminados en los procesos judiciales, ya que no pueden acceder a las causas ni tienen derecho a un representante legal público, como sí lo tienen los delincuentes con los defensores oficiales.

Algunas de esas demandas se harán escuchar pasado mañana frente al Congreso. Los diputados y senadores son más proclives a discutir asuntos endogámicos del poder político, como la reforma del sistema electoral y del Ministerio Público Fiscal, pero deberían hacer lugar para atender esta agenda que impulsa cambios en el Código Procesal Penal, cuya aplicación está suspendida.

El problema de la inseguridad ocupó esta semana la agenda central de los gobiernos nacional y provincial. Y ahí afloraron diferencias entre Bullrrich y Ritondo

El gobierno nacional no se desentiende de este grave problema, como lo hacía el anterior, pero no dejó de llamar la atención que las señales en esa dirección se emitieran pocos días antes de una marcha que podría ser multitudinaria. Y que expresará reclamos y quejas que bien pueden achacarse al kirchnerismo, pero cuya resolución está ahora en manos del nuevo oficialismo.

Esa responsabilidad es, por cierto, compartida con jueces y fiscales que empiezan a comprender que sobre ellos se posará la lupa pública, especialmente en aquellos que se demuestran proclives a las excarcelaciones. Los investigadores policiales no les van en zaga y deben alejar el fantasma de la impericia: ¿Cómo puede ser que su primera reacción sea siempre la duda sobre la víctima?

En el caso más resonante de los últimos días, la muerte del cura Juan Viroche en un pequeño pueblo de Tucumán ahorcado en el campanario de la iglesia, apuntaron rápidamente hacia la vida íntima del religioso, con lo que abonaron la hipótesis del suicidio, sin atender que estaba siendo amenazado por narcos de la provincia norteña. Pero la comunidad emitió su propio veredicto.

El activismo de la Iglesia contra el narcotráfico no es nuevo: con Jorge Bergoglio como arzobispo de Buenos Aires y cardenal primado de la Argentina, un grupo de curas ya había puesto el dedo en la llaga una década atrás. El caso del padre Pepe Di Paola, que tuvo que ser cambiado de diócesis tras una amenaza de muerte, fue muy difundido. Pero a Viroche no le prestaron esa atención.

Bergoglio, ahora arropado con la investidura papal, recibirá el sábado al presidente Macri en el Vaticano. Desde aquel frío encuentro de febrero, la relación entre el gobierno y la Iglesia católica tuvo más cortocircuitos que armonía, pero en las últimas semanas hubo mensajes conciliadores desde Roma. Eso influyó para que la CGT postergara la convocatoria a un paro general.

Pese a las declaraciones altisonantes de uno y otro lado, las conversaciones entre la gestión macrista y el triunvirato cegetista nunca se interrumpieron. Y tendrán un punto culminante el próximo miércoles, cuando el gobierno oficializará su propuesta ante las demandas económicas de los sindicatos. Un día después, en la sede de Azopardo, los gremios darán a conocer su respuesta.

En materia económica, la administración de Cambiemos tomó un baño de realidad. El propio Macri anunció que no habrá hasta 2018 una rebaja para las retenciones a las exportaciones de soja, mientras que el ministro Prat Gay criticó a los bancos por una supuesta falta de colaboración con el blanqueo fiscal. El cuadro se completó con la presencia de la misión del FMI en el país.

Por la inminencia del próximo año electoral, el gobierno central tampoco emprenderá una reducción sustancial del déficit fiscal, aunque ya puede exhibir una franca mejoría en el combate contra la inflación. Con la mira puesta en la situación social, tras el ajuste macroeconómico, la Casa Rosada también apuesta a revitalizar el consumo masivo y aliviar las tensiones en el Conurbano.

Macri prepara con extremo cuidado su encuentro con el Papa, agendado para el próximo sábado en el Vaticano

A tal punto, que aceptó una propuesta del ex presidente Duhalde para instalar puestos fijos del Mercado Central en los distritos del GBA, en una muestra de que apuesta al diálogo con sectores del peronismo bonaerense pensando, incluso, en atraerlos hacia la alianza oficialista de cara a las elecciones legislativas de 2017. En ese punto, no hay distinción entre la nueva y la vieja política.

El único límite para el PRO es el kirchnerismo. De hecho, la vigencia de la dupla Cristina-Scioli en algún sector del Conurbano le sirve para mantener al electorado en una lógica dual entre el presente y el pasado. Aunque Cambiemos deberá adaptarse a una realidad incontrastable: ya no representa el futuro. Por eso, su éxito o fracaso depende ahora de los resultados de la gestión.