Cambiemos ya prepara su agenda para el inicio del año legislativo

Endeudamiento para el Bapro, emergencia en Infraestructura y reformas policial y administrativa, en carpeta

Luego de la desgastante negociación por el Presupuesto y la Ley Impositiva, que obligó a extender las sesiones extraordinarias hasta mediados de enero, los diputados y senadores bonaerenses del oficialismo ya comenzaron a delinear lo que será su agenda legislativa para el inicio de sesiones ordinarias.

Con el receso de verano ya terminado, los bloques de Cambiemos trabajan en los borradores de las iniciativas que buscarán llevar a los recintos luego de que la gobernadora María Eugenia Vidal inaugure el período de sesiones ordinarias en la Asamblea Legislativa prevista para principios de marzo.

En la carpeta figuran algunas de las iniciativas que quedaron postergadas del paquete enviado por el Ejecutivo a fines del año pasado junto con el Presupuesto, que no fueron tratadas por falta de consenso y por la decisión de los hombres de Cambiemos de no poner en peligro la negociación mayor por la “ley de leyes”.

Voceros y legisladores del oficialismo coinciden en que el primer proyecto que buscarán sancionar, por pedido expreso de Vidal, es el que declara la emergencia en Infraestructura. La norma, que no pudo ser tratada en las últimas sesiones a partir de la resistencia de los bloques del peronismo, dispone ese estado de excepción por el plazo de un año, con el objetivo de flexibilizar los controles y agilizan procesos para las compras de materiales y contrataciones de obras.

En el Ejecutivo consideran clave la sanción de ese proyecto para comenzar a planificar la política de obras públicas en la Provincia, por lo que reclamarán respaldo de la oposición. En ese marco, además, prevén incluir a los intendentes, tal como ocurrió con el Presupuesto, ante un posible escenario de dificultades en las negociaciones por la norma.

Pero en el primer punto de la carpeta legislativa del oficialismo aparecen una serie de proyectos que buscarán impulsar todos relacionados con la reforma política. El paquete incluirá, en principio, la iniciativa reclamada por los aliados de Cambiemos en las cámaras bonaerenses, los bloques del massismo, que apunta a establecer un límite en las reelecciones de intendentes y legisladores. Pero además, habrá otras normas vinculadas a los cronogramas electorales y en los mecanismos de votación, con la idea de avanzar hacia un sistema de boleta electrónica tal como el que se utiliza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Voceros del oficialismo explicaron que los proyectos surgirán, en buena parte, de la ronda de diálogo en torno a la reforma política abierta entre el ministro del Interior Rogelio Frigerio y gobernadores de las provincias. Pero además, los lineamientos serán establecidos por los técnicos que ya vienen trabajando en el Ejecutivo en la materia.

En tanto, una de las propuestas de fuerte impacto que se incluirían dentro de ese paquete es una que apunta a limitar la posibilidad de incorporar familiares de dirigentes en las listas de candidatos.

BANCO PROVINCIA

Para el inicio del período ordinario de sesiones, el oficialismo volverá a la carga con el pedido de endeudamiento para cubrir el déficit del Banco Provincia. Se trata de unos 28 mil millones de pesos que fueron quitados del proyecto de Presupuesto sancionado a principios de enero con el objetivo de facilitar las negociaciones con el Frente para la Victoria, que reclamaba bajar el monto total del crédito que podrá tomar el gobierno de Vidal este año.

Además de pedir autorización para el endeudamiento, en el Ejecutivo y en los bloques de Cambiemos también se analiza la posibilidad de avanzar en una reforma de la carta orgánica del Bapro, para mejorar los mecanismos de financiamiento de la entidad.

No son los únicos temas en danza. Vidal ordenó acelerar con un proyecto que plasme una profunda reforma en la estructura de la Policía (ver página 11).

Además, funcionarios del gabinete trabajan contrareloj en un proyecto de emergencia administrativa y tecnológica que apunta, básicamente, a acelerar el proceso de contrataciones en el Estado.

Esa iniciativa afectará a algunos organismos de control como la Fiscalía de Estado o la Asesoría de Gobierno, que deberán acelerar los procesos de autorización para efectuar licitaciones.

Varios de estos proyectos serán anunciados por la gobernadora María Eugenia Vidal en la apertura de sesiones ordinarias prevista para el 1º de marzo.

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