No se debe concebir la obra pública como un programa para generación de empleos

La obra pública debe estar orientada a la construcción de la infraestructura que el país necesita pero no debería ser utilizada como un programa de empleo. La distinción parece imprescindible en un contexto en el que suelen asociarse los proyectos para la construcción de caminos, redes cloacales, puentes y obras hidráulicas con las políticas para la generación de nuevos puestos de trabajo.

Por supuesto que la obra pública demanda mano de obra y, en consecuencia, resulta generadora de empleo. Pero no es esa su función. Puede representar un alivio y un paliativo en época de recesión y alta desocupación. Pero sería un error concebir los planes de infraestructura como programas de empleo.

Suele hacerse referencia a la experiencia de Roosevelt en los Estados Unidos. En el marco de una serie de políticas sociales y económicas para enfrentar las secuelas de la gran crisis del 30, apostó -entre otras medidas- a la generación de empleos a través de obra pública. Pero aquello fue en los inicios del siglos pasado, en un contexto incomparable con el tiempo actual. Basta señalar, como dato, que la fuerte incorporación de maquinaria y tecnología hace que la ejecución de grandes obras viales, hidráulicas o de ingeniería ya no demanden la cantidad de mano de obra que demandaban hace algunas décadas. En esa realidad reside un primer error cuando se piensa a la obra pública como motor de la reactivación laboral.

La obra pública, por otra parte, es coyuntural. Puede generar una importante demanda laboral en una zona determinada para un proyecto particular. Pero cualquier proyecto tiene un plazo de ejecución, y nada asegura que a su finalización le suceda otro de similar envergadura en la misma zona.

La experiencia de generar empleo a través de cooperativas para la prestación de servicios, es otra experiencia que ha mostrado ya sus limitaciones y deformaciones.

Se trata, entonces, de poner cada cosa en su lugar y con su debida perspectiva. Los proyectos de obras y servicios públicos deben estar subordinados a planificaciones estratégicas vinculadas a las necesidades de infraestructura del país. Las políticas para la generación de empleo deben apuntar, en cambio, a la atracción de inversiones genuinas, al desarrollo industrial, a la producción de tecnología, a la incorporación de valor agregado.

La Argentina del futuro debe potenciar su perfil industrial y su desarrollo fabril. En ese contexto deben diseñarse políticas que incentiven la generación de empleo genuino, estable y con perspectivas de progreso.

Por supuesto que esa Argentina del futuro también demanda ambiciosos proyectos de infraestructura. Es notorio, además, el atraso en esa materia y el alto número de asignaturas pendientes. Pero en una economía virtuosa, pujante y dinámica, la obra pública -a esta altura del siglo XXI y de la revolución tecnológica- no representa la solución al problema del empleo, aunque pueda contribuir a generar trabajo.

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