Macri recibió a Lorenzetti en medio de la polémica por suba del gas

El mandatario se reunió hoy con el presidente de la Corte Suprema, luego que el tribunal le solicitara al Ejecutivo que informe sobre las razones del aumento de la tarifa

El presidente Mauricio Macri recibió hoy al titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, en medio de la judicialización de la suba de la  tarifa del gas.    

Fuentes oficiales confirmaron a DyN que el encuentro se  realizó en la Casa Rosada, luego que el Máximo Tribunal le solicitara al  Poder ejecutivo Nacional (PEN) que informe sobre las razones del  aumento de la tarifa del gas y resolverá en agosto los planteos,  especialmente los fallos que suspendieron los incrementos en las  facturas.  

El Ejecutivo dispondrá de diez días hábiles para contestar el  requerimiento, lo cual –teniendo en cuenta que el próximo lunes  comenzará la feria judicial de invierno- estirará los plazos hasta  agosto próximo.    

El máximo tribunal, en un fallo firmado por los jueces Ricardo  Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y  Horacio Rosatti, eludió tratar inmediatamente los planteos contra el  tarifazo porque “no hay un caso” sobre el que pronunciarse.    

Paralelamente, fuera del Palacio de Justicia, militantes de  partidos de izquierda manifestaban en contra del fuerte incremento  en las tarifas de gas dispuestos por el gobierno de Mauricio Macri  y que generó un fuerte rechazo de sectores políticos y sociales.    

El máximo tribunal le pidió al Estado, a través del ENARGAS,  que “explique cómo ha sido la evolución de las tarifas de gas desde  el dictado de la ley 25.561”, de emergencia económica dictada  tras la crisis de finales de 2001, que estableció un régimen  tarifario subsidiado.    

El fallo reclama un informe sobre los parámetros tenidos en  cuenta para arribar a los aumentos de precios y tarifas dispuestos  por el actual gobierno, “y la relación de dichos aumentos con las  pautas contenidas en el contrato de concesión”.

El gobierno deberá “especificar fundadamente la existencia o  inexistencia de la ponderación de los principios de gradualidad y  progresividad para la determinación del cuatro tarifario”.    

Finalmente, el gobierno deberá precisar “los parámetros  tenidos en cuenta para alterar el alcance de la tarifa social y si la  aplicación de la nueva normativa implica modificar la cantidad de  beneficiarios de dicha tarifa”.    

“En su caso, informe las razones de dicha alteración y su  incidencia sobre el monto final a pagar por el usuario”, añade la  resolución.

En ese contexto, pidió conocer “los criterios que orientan la  aplicación o no aplicación de la tarifa social para entidades de  bien público, entidades solidarias sin fines de lucro, pequeñas y  medianas empresas, en particular las directamente vinculadas con  las economías regionales”.   

“Sin abrir juicio sobre la concurrencia de los requisitos que  condicional la admisibilidad del recurso promovido por el Estado  Nacional, corresponde disponer la realización de las medidas para  mejor proveer que se consideran apropiadas”, dijo la Corte al  esquivar el convite al “per saltum” sobre medidas cautelares de primea  instancia que frenaron el incremento tarifario.    

Entre esas medidas “para mejor proveer”, la Corte pidió  informes al juzgado federal de San Rafael, Mendoza, y a un juzgado  contencioso administrativo federal porteño. 

Paralelamente a su estrategia de apelar los fallos de primera  y segunda instancia que dieron lugar a amparos presentados por  usuarios y asociaciones de consumidores en contra de los aumentos  tarifarios, el Gobierno pidió a la Corte que unifique todos los  casos y evalúe la cuestión de fondo, para lo cual se especula con que  una resolución en ese sentido tendría lugar recién en agosto,  después de la feria judicial.      

Fuentes de la Casa Rosada indicaron que la reunión de Macri  con Lorenzetti "no cambia en nada" la situación, ya que se produjo  después de la acordada de la Corte realizada esta mañana, en la  que el máximo tribunal decidió pedir informes al gobierno y a los  distintos juzgados para evaluar los efectos e impacto social y  productivo de las nuevas tarifas. 

    

 

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