Por denuncias de corrupción, echan al jefe de la Aduana

El director de la AFIP, Alberto Abad, desplazó al titular de la Aduana, el militar retirado Juan José Gómez Centurión, denunciado por supuesta corrupción por el propio Gobierno nacional, y nombró en su reemplazo al número dos de ese organismo, Javier Zabaljauregui.

Según se desprende de la información oficial de las denuncias que ingresaron a los tribunales federales de Retiro, una de ellas la impulsó el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich por averiguación de delito, e imputó a Gómez Centurión y a otras personas.

Bullrich informó que dio curso a la denuncia penal contra Gómez Centurión por presuntos hechos de corrupción y subfacturación tras una serie de audios comprometedores que recibió en su cartera. Además reveló que entre los involucrados figurarían también un cuñado del ex ministro de Planificación kirchnerista Julio De Vido y una jueza.

“Lo consulté con el Presidente (Mauricio Macri) y él me dio instrucciones de dejarlo en manos de la Justicia”, afirmó a DyN la funcionaria. Precisó que se trata de “una denuncia a la que se le dio cierta verosimilitud, que alude a hechos corrupción con maniobras de utilización de la Aduana y subfacturación que habría tenido lugar recientemente”

La ministra no quiso dar más detalles hasta que el juez Ariel Lijo, con la intervención del fiscal Guillermo Marijuán, analicen la información volcada en el escrito.

Entre los denunciados figuran la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal Rita Ailán, el empresario Oldemar Carlos Barreiro Laborda, ex dueño una compañía recuperadora de autos robados; el abogado Edgardo Rodolfo Paolucci, quien fue funcionario en la Aduana; Julio César Tizado, condenado en una causa de contrabando, y Claudio Minicelli, cuñado de De Vido.

En tanto, el abogado Maximiliano Rusconi, que defendió hasta hace medio año al técnico informático Diego Lagomarsino en la causa por la muerte de Nisman, impulsó una denuncia contra Gómez Centurión por falso testimonio, violación de correspondencia, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y encubrimiento.