Urge revertir la situación de indefensión de los edificios escolares de la Provincia

No puede menos que originar una enorme preocupación la sucesión de ataques contra escuelas bonaerenses, la mayoría de las cuales debió suspender las clases durante una o más jornadas pues en esos episodios quedaron aulas destruidas y desórdenes de magnitud en distintos sectores de los establecimientos.

Ahora, tal como se informó en este diario, dos escuelas que comparten la sede en barrio Aeropuerto tuvieron que suspender las clases por un feroz ataque vandálico. Según las autoridades del colegio primario, el de este fin de semana fue el sexto ataque que se registró en lo que va del año y uno de los más violentos, ya que en enero sufrieron el robo del equipamiento de tecnología, que aún no pudieron reponer. Una comprensible desolación en la comunidad educativa de la Primaria 23 y la Secundaria 86, fue el sentimiento dominante. Cuando llegaron los auxiliares para abrir el establecimiento e iniciar una nueva semana se encontraron con puertas rotas en casi todas las aulas, la dirección y la biblioteca; papeles desordenados; muebles destruidos y vidrios dañados.

Ya se dijo en esta columna que el hecho de que año tras año se reiteren robos y ataques a escuelas, en episodios cuya frecuencia resulta tan alarmante como desalentadora, no exime a la sociedad y mucho menos a las autoridades de la obligación de buscar alternativas tendientes a mitigar esta ola delictiva que aflige a los edificios escolares y que llena de enojo y preocupación a las comunidades educativas. Frente a ese fenómeno tan negativo para sedes que, como las escolares, por la significación social que alcanzan, debieran merecer no sólo permanente custodia sino un especial respeto, no cabe ningún tipo de postura resignada. Por el contrario, deberían extremarse esfuerzos para velar por la seguridad de estos lugares, tan emblemáticos y esenciales.

Lo cierto es que la seguidilla de saqueos a las escuelas se traduce en una preocupación permanente para las comunidades educativas que sufren las pérdidas de elementos valiosos para la tarea pedagógica, que además les resulta muy dificultoso recuperar. Ante esta situación se han buscado alternativas para reforzar los sistemas de seguridad de los establecimientos educativos para contrarrestar el avance de los episodios delictivos. Sin embargo, estos esfuerzos han resultado, por lo visto, ineficaces.

Se ha señalado también que en el caso de las escuelas, en general los autores cometen desmanes, provocan un gran desorden en las oficinas administrativas y llegan a robar elementos de valor, como computadoras o algún equipo de audio o video. Pero según la metodología que se repite en cada caso, el propósito está más centrado en el ataque vandálico que en el robo. Muchos de los establecimientos que han sido víctimas de este tipo de hechos son, además, modestas escuelas de barrios muy humildes.

Es evidente que en la mayoría de los casos registrados, el problema adquiere connotaciones y una dimensión más preocupante, que seguramente incluye aspectos relacionados a cuestiones educativas, sociales y culturales que debieran ponderarse. Pero -más allá de confiar en que los vecinos puedan eventualmente brindar algún tipo de ayuda- lo que urge es que el Estado extreme estrategias para defender el patrimonio de las escuelas, revertir la indisculpable situación de indefensión en que se encuentran y, al mismo tiempo, individualizar y castigar con el peso de la ley a los responsables.