Empiezan a preparar la reforma para el régimen penal juvenil

Los expertos que el próximo jueves comenzarán a discutir un nuevo régimen penal para los menores que cometen delitos coinciden en una sola cosa: es imperativa una nueva ley que reemplace a la norma que rige hace 36 años, sancionada durante la última dictadura.

De allí en más, las posiciones se dividen entre los que abogan por la rebaja de la edad de imputación penal de los menores de los 16 años actuales a los 14, incluido el Gobierno, y los que se oponen en base un variado arco de explicaciones teóricas, políticas e ideológicas.

La norma vigente, el decreto-ley 22.278, tiene vicios de origen insalvables: fue emitida por el dictador Jorge Rafael Videla el 25 de agosto de 1980 y se atiene a un concepto “tutelar” por completo ajeno a los tratados de Derechos Humanos y de Derechos del Niño a los que Estado argentino adhirió con fuerza de ley.

La norma estipula que un niño que cometa un delito penal pero no tenga la edad fijada como para presumirse que es plenamente consciente de sus actos, queda a disposición de un juez que podrá disponer medidas para “procurar su adecuada formación”, incluyendo la quita de la patria potestad y su internación en un instituto de menores.

“Hay jóvenes que cumplen penas aunque no se llamen penas y eso sin ningún proceso judicial que garantice sus derechos”, enfatizó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano.

También para la ex Asesora General Tutelar porteña Laura Musa la norma vigente “es ilegal, porque habilita la disposición plena y sin límite de edad respecto del niño”, ya que un juez de menores puede “internar discrecionalmente al adolescente”.

Pero allí acaban los acuerdos y aparecen las diferencias que asoman incluso como una gran divisoria de aguas ante hechos de alto impacto social, como el crimen de Brian Aguinaco, de 14 años, ocurrida en diciembre en el barrio porteño de Flores.

“Es una tema más en la discusión pero no se puede ignorar que está en la sociedad, que hay reclamos sociales y distintas opiniones, algunas en contra otras a favor”, afirmó el ministro Garavano, quien se pronunció a favor de bajar la edad de imputabilidad a los 15, basándose en su experiencia como secretario de un juzgado de Menores.

Sin embargo, Yael Bendel, titular de la Secretaría de Niñez, Infancia y Adolescencia y Familia (Senaf), la agencia estatal encargada del tema, explicó en una declaración pública que en el Consejo Federal que preside e integran los representantes de las provincias hay consenso para una nueva ley de Responsabilidad Penal Juvenil pero “manteniendo la edad mínima en 16 años”.

“No puede ser que el primer contacto de algunos menores con el Estado sea el sistema judicial. Antes debe funcionar un sistema de protección integral con educación, salud, deportes y acompañamiento para evitar que el delito sea una carrera”, dijo, por su parte, Mariángeles Misuraca, funcionaria local de Unicef.

Las mesas de trabajo que analizarán los distintos ejes que incluirá el proyecto comenzarán a desarrollarse el jueves en el Ministerio de Justicia, con la participación de especialistas en diferentes disciplinas y operadores institucionales.