Fuerte crítica de organismos de DD HH por el protocolo de la ministra Bullrich

Amnistía Internacional de Argentina pidió ayer la urgente revisión de la resolución sobre el uso de armas, luego de señalar, al igual que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), que “viola los derechos humanos”.

En un comunicado Amnistía pidió al gobierno de Mauricio Macri que revise la norma “con carácter urgente”, tras advertir que “flexibiliza el contexto en el cual las fuerzas federales de seguridad pueden hacer uso de las armas”.

La directora ejecutiva, Mariela Belski, indicó que las nuevas disposiciones “violan compromisos internacionales de derechos humanos adquiridos por Argentina” y manifestó su “preocupación” por “los efectos” de su aplicación.

“Es obligación del Ministerio de Seguridad explicar con máximo detalle qué implica su implementación”, dice Amnistía y remarcó que “la protección de la vida de las personas es el paradigma que debe priorizarse”.

En tanto, a través de su cuenta en la red social Twitter, el CELS señaló que la resolución del Ministerio de Seguridad “hace que disparar ya no sea excepcional”.

“La medida quiebra el paradigma del uso excepcional de la fuerza letal que prescriben los estándares internacionales y la Ley de Seguridad Interior”, argumentó en su comunicado.

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También consignó que, con las nuevas disposiciones, “situaciones como los controles vehiculares, las persecuciones callejeras o cualquier intento de robo en la vía pública se convierten en escenarios en los que los policías podrían hacer uso del arma de fuego y justificarlo fácilmente”.

Por su parte, en un texto titulado “El gatillo fácil es ley”, la (Correpi) consideró que el nuevo reglamento “habilita el uso legal del arma de fuego en una serie de situaciones que son un resumen de las principales excusas utilizadas por miembros de las fuerzas de seguridad en su defensa cuando son juzgados por el fusilamiento de personas”.

“NO ES UNA LICENCIA PARA MATAR”

El jefe de la Policía Federal Argentina (PFA), Néstor Roncaglia, aseguró ayer que la reglamentación para el empleo de armas de fuego dictada por el Ministerio de Seguridad de la Nación “no es una licencia para matar” sino un conjunto de “pautas” para que las fuerzas federales sepan como actuar frente al delito.

El jefe policial-en diálogo con radio La Red- consideró además que el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño, Roberto Gallardo, que declaró “inconstitucional” la normativa, no tiene jurisdicción para decidir sobre su aplicación en el ámbito de las cuatro fuerzas federales de seguridad.

“Esto no es una licencia para matar, no es una legitimación de matar a cualquiera (...) El que se coloca en situación de recibir disparos es el delincuente, el policía no tiene una mente criminal para salir a matar”, expresó el jefe de la PFA.

Roncaglia explicó que se trata de cumplir con la función policial: “Es la función que tenemos, sabemos que el delincuente sale armado, que está pensando que puede amenazar, intimidar y seguramente esta dispuesto a utilizar el arma y matar a terceros o a policías. Tiene que saber que el policía puede usar el rama y el policía saber en qué momento puede usarla y no dudar porque sino muere”.

El jefe policial agregó que la resolución firmada por la ministra Patricia Bullrich “es un compilado de diversas imposiciones que todas la fuerzas tenían en cuanto al uso de las armas”.

“Lo que el ministerio hizo fue sistematizar y marcar pautas de intervención obligatorias para las cuatro fuerzas federales. Es importante los para los funcionarios tener pautas claras, muchas veces el policía se paraliza ante el hecho grave y no sabe qué hacer, piensa ‘intervengo, disparo, me procesan’ y en esa duda muere”, continuó.