Vidal va por cambios en el Código Procesal, con la mira en los recursos de apelación

Es más que probable que cuando la gobernadora María Eugenia Vidal inaugure las sesiones ordinarias de la Legislatura provincial exhorte a los legisladores, propios y ajenos, a convertir en ley la reforma al Código Procesal Penal de la Provincia que impulsa el Ejecutivo y cuyos objetivos centrales son: garantizar la participación de las víctimas de los delitos durante todo el proceso judicial que se le siga al victimario y reducir la cantidad de recursos a los que puede apelar un delincuente para evitar ser encarcelado.

Una iniciativa fue enviada al parlamento el año pasado, luego de algunos casos policiales resonantes. Y es parte sustancial de la andanada de cambios que el vidalismo piensa introducir en la Justicia con un eje central declarado: que el ciudadano bonaerense sea el centro de un sistema en el que resulta el acto más débil, mejorándole el acceso al mismo.

Meses atrás, la Cámara de Senadores dio media sanción y giró a Diputados dos proyectos de ley de reforma del Código Procesal Penal y de la ley de Ejecución Penal. Muy probablemente en el mes de marzo el Ejecutivo mande otras iniciativas vinculadas al tema, que introduzcan herramientas nuevas en la investigación penal.

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Si los jueces no permiten a la víctima participar del proceso, sus actos serán nulos

Se busca revertir una realidad: hoy los jueces no tienen la obligación de informarle a la víctima de un delito sobre las decisiones que toman. La lectura que hacen en Cambiemos es que el sistema no le da herramientas para hacer valer sus derechos.

Es por eso que, recurriendo a una explicación sin tecnicismos, el proyecto oficial busca que las víctimas puedan conocer y participar de las decisiones de los jueces y también opinar –durante un proceso de seguimiento de la pena- sobre el otorgamiento de determinados beneficios al condenado, como salidas transitorias o liberaciones anticipadas. Incluso podrá opinar sobre la posibilidad de juicios abreviados. No obstante, la decisión de participar o no será de la propia víctima.

Es más: sube la apuesta el oficialismo. Propondrán que si los jueces no permiten a la víctima participar del proceso, sus actos serán nulos. Eso explican quienes están abocados a la tarea de reformar el sistema judicial, un objetivo político que se fijó Vidal para la segunda parte de su mandato.

El otro aspecto al que apunta el vidalismo es asegurar la detención efectiva de los acusados de un delito. Se estima en el ministerio de Justicia que son muchos los mecanismos procesales existentes para frenar las encarcelaciones. “Para que una prisión quede firme puede haber hasta ocho instancias en la Provincia, incluyendo el actual del Régimen de Habeas Corpus”, explican los voceros oficiosos.

Intramuros, se comenta mucho un caso paradigmático: el del cura Julio Grassi, condenado por abusar de menores, que pudo pasar más de 10 años en libertad recurriendo a los vericuetos procesales vigentes, pese a estar condenado y hasta con esa condena confirmada.

Se exigirán dos resoluciones confirmatorias para que se efectivice la detención

Es por eso que se propondrá reducir la cantidad de recursos que puede utilizar un delincuente para evitar la prisión efectiva. Se le ha escuchado decir al ministro Gustavo Ferrari: “Exigiremos sólo dos resoluciones confirmatorias, tal como lo exigen los tratados internacionales, asegurando la doble instancia, pero sin continuar con un sistema que dilata y genera injusticias”.

OTRAS REFORMAS

El gobierno bonaerense, como adelantara ayer este diario, prepara una reforma integral de la Justicia provincial con una lógica centrada en las necesidades del ciudadano común y bajo la premisa de despolitizar el sistema. Tiene varios capítulos. Uno de ellos se focaliza en los magistrados y, particularmente, en impulsar cambios en los procesos de selección de jueces y fiscales y en el mecanismo para removerlos.

Para eso se propondrá una serie de cambios en el proceso de selección de los magistrados, haciendo hincapié en la necesidad de la capacitación de los mismos.

Por ejemplo: si esta reforma se concreta, todos los jueces o fiscales, antes de asumir, tendrán que ir a una Escuela Judicial en forma obligatoria, que durará entre un año y medio y dos años. Esa dependencia, en rigor, ya existe pero la concurrencia no reviste obligatoriedad para el magistrado recién nombrado. De hecho, tiene asistencia mínima, según explican en el ministerio que conduce Gustavo Ferrari.

Otro de los puntos referidos a la formación de los jueces señala que en los exámenes para acceder a la magistratura ya no habrá preguntas teóricas. En cambio, el aspirante deberá demostrar sus habilidades prácticas resolviendo un expediente real que le será asignado. Y, en busca de transparencia a la hora de las pruebas, los exámenes orales serán filmados. Esto significa que, también, podrán ser revisados luego.

El capítulo de la reforma vinculado al mecanismo para remover jueces apunta a agilizar los tiempos del proceso que en el Ejecutivo, aseguran, son demasiado extensos.