La Corte Suprema lanzará en marzo un ambicioso plan de reforma judicial

La Corte Suprema de Justicia de la Nación anunció ayer el próximo lanzamiento de un plan denominado “Lineamientos de una política de Estado para la transformación de los Poderes Judiciales”, que propone una serie de reformas con el objetivo de “orientar el funcionamiento de la Justicia a fin de lograr mayor acceso, igualdad, inclusión de los ciudadanos y fortalecer el Estado de derecho”.

El proyecto será presentado el próximo 6 de marzo a representantes de la Justicia de las provincias, nacional y de la Ciudad de Buenos Aires. También participarán empleados judiciales, colegios de abogados y facultades de Derecho de todo el país.

Las propuestas definitivas serán elaboradas por distintas comisiones que se reunirán en el Palacio de Justicia conforme a un cronograma que se dará a conocer el mes próximo.

Durante los últimos años, las propuestas más amplias de reformas judiciales las llevó adelante el Poder Ejecutivo.

El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con la “democratización de la Justicia”, y el actual, con su plan Justicia 2020 que coordina el ministro Germán Garavano.

La Corte quiere que ahora los jueces tomen la iniciativa y planteen un cambio del sistema.

“El agente del cambio debe ser el propio Poder Judicial, liderado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en base a un consenso de todos los poderes del Estado”, afirma el documento de la Corte que ya fue adelantado por el propio Lorenzetti a funcionarios del Gobierno.

El máximo tribunal quiere que participen de este proceso de transformación todos los fueros: federal, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires.

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PUNTOS CENTRALES DEL PLAN

Según adelantaron ayer Infobae y La Nación, el plan señalado destaca que “el agente de cambio debe ser el propio Poder Judicial, liderado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación” con el consenso de todos los poderes del Estado.

Y la Corte propone una política de Estado en la que estén involucrados los tres poderes.

Algunas propuestas, destacan la transformación de la estructura organizativa del Poder Judicial (federal y provincial), el ejercicio de la abogacía y la educación legal que se lleva adelante en las universidades. Además, la reforma se propone mejorar la eficiencia y la eficacia de los procesos mediante la informatización y el uso de criterios de responsabilidad fiscal en materia presupuestaria.

Asimismo, como parte de esta transformación integral se incorpora la evaluación de la tarea de jueces y funcionarios; y la celeridad de los juicios penales, laborales y previsionales.

Como parte de esta transformación se incorpora la evaluación de la tarea de jueces y funcionarios; y la celeridad de los juicios penales, laborales y previsionales.

Por otra parte, el documento postula la ampliación de dos estructuras que están bajo la órbita de la Corte: Suprema el cuerpo de peritos del Poder Judicial y la oficina de escuchas judiciales (antes manejada por la SIDE). Con respectoo a los peritos, el trabajo señala que el Ministerio de Justicia está elaborando un proyecto aunque advierte que “el organismo debe ser judicial”.

ACELERAR LAS CAUSAS DE NARCOTRÁFICO Y CORRUPCIÓN

Por otra parte el proyecto busca acelerar las causas penales, sobre todo las de narcotráfico, corrupción y trata de personas; y la implementación gradual del sistema acusatorio. E instalar la oralidad en los juicios civiles, laborales y previsionales.

Además se creará el expediente digital y se grabarán las audiencias. Además, con el objetivo de agilizar los procesos, se incorporarán programas de gestión de calidad, se redistribuirá el personal y se acortarán los plazos procesales.