La Corte pidió una investigación sobre el tribunal que liberó a Cristóbal López

La Corte Suprema de Justicia ordenó que se investigue el procedimiento de conformación de la sala de la Cámara Federal que liberó al empresario Cristóbal López. Mientras, la diputada nacional Elisa Carrió (Cambiemos) avanzó más sobre la causa y concretó su pedido al Consejo de la Magistratura para que inicie una investigación que determine si pudo haber una “motivación económica” de parte del camarista Jorge Ballestero en el fallo.

La diputada solicitó además en su presentación ante el Consejo que se investigue también al camarista Eduardo Farah por la sospecha de “posibles vínculos” entre ex directivos del casino de Puerto Madero y funcionarios judiciales.

De prosperar un dictamen acusatorio, el proceso disciplinario puede derivar en un pedido de juicio político.

La orden de la Corte fue emitida a través de una oficio dirigido al presidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas, para que investigue como se conformó el tribunal que dispuso la liberación de López y su socio Fabián de Sousa.

El oficio de la Corte fue firmado por el titular de la Corte, Ricardo Luis Lorenzetti, y por el resto de los jueces que la integran: Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti.

Los integrantes del máximo tribunal le remarcaron al presidente del Consejo que investigue si existió “alguna irregularidad en esa conformación”.

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La sala de la Cámara Federal que intervino en el caso (Sala I) fue la que integran Ballestero y Leopoldo Bruglia, quienes debieron convocar a un tercer juez para desempatar porque no se habían puesto de acuerdo en distintos aspectos del fallo.

El juez Ballestero sostuvo que era preciso cambiar la calificación de la causa de “administración fraudulenta” a “retención indebida de tributo”, y dejar en libertad a López y a De Sousa, mientras que Bruglia se manifestó en dirección contraria.

El desempate quedó en manos del camarista Farah, quien, según Ballestero, fue convocado porque ya había intervenido en una de las causas contra López que tendría alguna vinculación con el expediente en el que se investiga la deuda millonaria de Oil Combustibles (del Grupo Indalo) con AFIP.

En el mismo expediente se encuentra procesado, aunque nunca fue detenido, el ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos Ricardo Echegaray, quien está acusado de haber facilitado la maniobra de elusión del pago del impuesto por parte de los empresarios acusados.

En medio de este conflicto judicial, se anunció ayer que el gobierno nacional terminará “por administración” la construcción de la planta de ósmosis inversa en la ciudad santacruceña de Caleta Olivia, cuyo contrato de obra rescindió a la empresa CPC, de Cristóbal López.

Así lo informó el senador nacional Eduardo Costa, de Cambiemos, tras una reunión con el titular de Recursos Hídricos de la Nación, Pablo Bereciartúa.