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El Gobierno sostiene que debe definirla la Justicia. Fuerte cruce entre Graciela Fernández Meijide y Estela de Carlotto
Una fuerte polémica en torno a la posible liberación del represor Alfredo Astiz agita la antesala de un nuevo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Las señales de alarma se encendieron entre los organismos de derechos humanos cuando el ex marino fue incluido en una lista de reos que pueden ser beneficiados con la prisión domiciliaria.
En el caso de Astiz, se encuentra detenido en el penal federal de Ezeiza y padece un cáncer de próstata, por lo que también recibe atención médica en el Hospital Naval. En las listas de posibles liberados, elaborada por una mesa de gestión penitenciaria que se reúne en el ámbito del Ministerio de Justicia, no se discrimina entre presos comunes y criminales de lesa humanidad.
En este contexto se realizó ayer un acto por el vigésimo 5º aniversario de la creación de la Procuración Penitenciaria Nacional (PPN), en el que se descubrió una imagen de la histórica entrega del informe final de la CONADEP al ex presidente Raúl Alfonsín. Allí, la dirigente Graciela Fernández Meijide volvió a sentar una posición favorable a la liberación de Astiz.
En una conferencia de prensa posterior al acto, que encabezó el procurador Francisco Mugnolo y del que también participaron el vicegobernador bonaerense Daniel Salvador y el jurista Ricardo Gil Lavedra, Fernández Meijide afirmó que se deberían atender motivos humanitarios. “Tiene una enfermedad crónica y la condena no le quita humanidad”, aseguró.
“Si una persona tiene una enfermedad terminal, tiene el derecho a estar en su domicilio. Esto lo aprendí duramente: tienen derechos aquellos que cometieron delitos, por más aterradores que hayan sido”, remarcó la dirigente –cercana al Gobierno de Cambiemos- y agregó, ante una consulta de EL DIA: “Si nos vamos a comer al caníbal, nada nos va a diferenciar de ellos”.
Así, Fernández Meijide postuló una concepción de los derechos humanos distinta a la que imperó durante el kirchnerismo, adoptando un rol de vocera oficiosa en algunas controversias para cuyo abordaje la administración de Cambiemos no cuenta con dirigentes de volumen político como para debatirlas ante la sociedad. Los funcionarios se limitan a afirmar que definirán los jueces.
Pero Fernández Meijide planteó incluso la hipótesis de que la filtración de las listas de posibles liberados –que contiene el nombre de Astiz pero también el de presos de delitos no vinculados a los crímenes de lesa humanidad- haya perseguido el objetivo de “perjudicar” al Gobierno, justo en la previa de los actos de conmemoración del 42 aniversario del Golpe. “No tengo una visión conspirativa, pero si la tuviera me preguntaría quién filtró esas listas y si lo hizo para perjudicar al Gobierno”, advirtió, en tanto que el procurador penitenciario Mugnolo aseguró que este tipo de problemas suceden debido a la “sobrepoblación” en las cárceles, que llevan al Servicio Penitenciario a sugerir medidas contra el hacinamiento.
Los organismos de derechos humanos ratificaron, por su parte, el rechazo a la liberación de Astiz. Desde Córdoba, donde acudió a un acto en el ex centro clandestino de detención de La Perla, la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto, cuestionó duramente la postura de Fernández Meijide y definió el caso como “una provocación y un desgaste enorme al que someten a quienes hace 40 años luchamos por la verdad, la memoria y la justicia”.
Con todo, se trata de una discusión abierta, que ya tuvo un capítulo previo con la liberación y el posterior encierro del represor Miguel Etchecolatz.
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