Escándalo en un hospital inglés por “acortar la vida” de unos 500 pacientes

El Hospital Gosport War Memorial, ubicado en el condado de Hampshire, en el sur de Inglaterra, “acortó la vida” de más de 450 pacientes a través de un “régimen institucionalizado” de prescripción y administración irregular de opiáceos, reveló ayer una investigación independiente conducida por un ex obispo.

El informe indica que otros 200 pacientes también se vieron afectados por esta práctica, que el hospital público desempeñó desde el año 1989 hasta el 2000.

En este marco, la primera ministra británica, Theresa May, calificó ayer mismo en el Parlamento a las averiguaciones como “trágicas y muy preocupantes”, y expresó sus disculpas a los familiares por el tiempo que han tenido que esperar para obtener “respuestas”.

Para May, las conclusiones extraídas de la investigación deben causar “una angustia inimaginable a las familias involucradas”, pero es una cuestión “de la que el Parlamento debe ocuparse”.

En el Hospital Gosport War Memorial existía “menosprecio por la vida humana y una cultura de acortamiento de vidas”, señala el informe, elaborado a partir del estudio de más de un millón de documentos desde 2014 y que dirigió el ex obispo de Liverpool James Jones.

La investigación concluyó que hubo “un régimen institucionalizado de prescripción y administración de peligrosas dosis de combinaciones de medicamentos, que no estaban clínicamente justificadas, con pacientes y familiares sin capacidad para interactuar con el personal sanitario”.

A través de los documentos examinados, los investigadores hallaron evidencia de “uso inapropiado de opiáceos en 456 pacientes” y, basándose en historiales clínicos desaparecidos, apuntaron que habría “otras 200 personas afectadas”.

La Policía del condado de Hampshire, la Fiscalía y las autoridades médicas “fallaron y no actuaron correctamente para proteger a los pacientes y sus familiares”, asevera el documento.

En tanto, Jones manifestó ayer al dar a conocer el informe que “no corresponde al panel determinar ninguna responsabilidad penal en caso de que cualquier proceso judicial futuro determine culpables”, pero señaló a la doctora Jane Barton como “responsable”.

En 2010, el Consejo General Médico (GMC, por sus siglas en inglés) determinó que Barton, ya jubilada, era “culpable de múltiples casos de mala conducta profesional relacionados con la muerte de 12 pacientes”, aunque la médica no fue juzgada ni se le retiró la licencia médica, sino que dejó la profesión tras enfrentar la acción disciplinaria.

Durante los doce años que trabajó en el hospital, Barton, de 70 años, firmó 854 certificados de defunción de pacientes y, de ellos, el 94% recibió opiáceos.

El ministro de Sanidad, Jeremy Hunt, aseguró que “la Policía examinará cuidadosamente el nuevo material que aporta el informe, antes de determinar los próximos pasos a seguir y, en particular, la posible carga penal”.

Bridget Reeves, cuya abuela, Elsie Divine, murió a los 88 años a consecuencia de los opiáceos administrados en el centro médico en 1999, destacó que lo ocurrido es “horrible, vergonzoso e imperdonable”, tras conocer el contenido del informe.

La mujer aseguró que un tribunal penal debe juzgar lo ocurrido para que una vez que haya sentencia, sus allegados puedan “descansar en paz”.

ALARMAS DESESTIMADAS

El informe de la investigación señala que hubo enfermeras que dieron la alarma entre febrero de 1991 y enero de 1992, pero sus advertencias no fueron tomadas en cuenta.

“La policía, en colaboración con la oficina del fiscal y, si es necesario, clínicos, examinarán los nuevos elementos que figuran en el informe antes de decidir sobre las próximas etapas y, en particular, la posible carga penal”, comentó el ministro de Salud británico, Jeremy Hunt.

En el informe se estudiaron las circunstancias en que se produjeron centenares de decesos sospechosos ocurridos en ese establecimiento, estimados en 456, que serían debidos a la administración inapropiada de opiáceos, en tanto la vida de otros 200 pacientes posiblemente fue “acortada”, situación que fue conocida ayer por varios de los familiares de las personas afectadas en las puertas del hospital.

“Existió una cultura de acortar la vida de una gran cantidad de pacientes al recetar y suministrar ‘dosis peligrosas’ de una combinación de medicamentos que no tenía razón ni justificación clínica”, dijo Jones en el informe, agregando que “está demostrado que mientras a un gran número de pacientes y sus familiares se les dio a entender que ingresaban al hospital para recibir rehabilitación o alivio, se los colocó en un camino terminal”.

Jones dijo que el sistema “le falló” a las familias afectadas. “Este informe es una reivindicación de su negativa tenaz a ser rechazados, demuestra cómo les fallaron los organismos profesionales y otras autoridades responsables de regular la práctica profesional en beneficio de la seguridad de los pacientes”.

Según el informe, la dirección del hospital, los organismos de salud, la policía, los fiscales, los políticos y las autoridades médicas locales “no actuaron de manera tal que protegiera mejor a los pacientes y sus familiares, cuyos intereses fueron subordinados al prestigio del hospital y las profesiones pertinentes”. Ahora, familiares de las víctimas y el propio Jones esperan que se presenten las acusaciones criminales.

“Es algo trágico y preocupante. Las familias involucradas deben sentir una angustia inimaginable”

Theresa May - Primera ministra británica